Crisis de la vivienda y desalojo criminal

Jonatan Díaz Herrera

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El 26 de julio desalojaron la toma Villa del Sol en Talcahuano. A las 5 de la mañana, cuando aún no amanecía, las personas que dormían en el sector sintieron ruidos de maquinaria pesada y gente que se acercaba a trote prusiano; se trataba de un amplio operativo policial con decenas de Carabineros, quienes se presentaron al lugar con carros lanzaguas, implementos antidisturbios y retroexcavadoras.

El operativo se realizó con mucha violencia, expulsaron a los pobladores de sus viviendas y acto seguido, la maquinaria pesada comenzó a destruir frente a sus ojos las casas que con tanto esfuerzo habían construido; un desalojo criminal que violó gravemente sus derechos humanos, tal como establecen las directrices de Naciones Unidas; un escenario dantesco cuyo clímax fue el fuego que iluminaba la noche en el puerto. En medio del desalojo, habían incendiado una de las viviendas.

Estas 40 familias lograron levantar esas viviendas gastando todos sus ahorros, con bingos, donaciones, algunos con los retiros de fondos de las AFP o con el IFE. Muchos optaron por levantar una casa en este terreno municipal tras no poder seguir pagando el arriendo en otro lugar, o porque luego de años de postulación, nunca obtuvieron un subsidio del Estado y nadie les da una respuesta.

Estamos ante un periodo de altísima demanda de vivienda (se estima cerca de 1 millón de familias en todo Chile) y una baja capacidad de los gobiernos para proveerla; una política habitacional obsoleta por donde se le mire.

La historia de esta toma se repite en diversos sectores del Gran Concepción, así como en todo el país, pero concentrados hoy en Talcahuano existen más de 27 campamentos, 7 de los cuales no han sido reconocidos como tales por lo que están fuera de todo catastro y programas sociales. En estos lugares se emplazan improvisadas viviendas sometidas a altos riesgos socio-naturales, tales como derrumbes, inundaciones, incendios forestales y de materiales ligeros, sin considerar aquellos riesgos derivados de la precariedad misma de sus edificaciones.

Viven niños, ancianos, personas con enfermedades crónicas, en condiciones de mucha precariedad, sin luz o electricidad, pasando duras noches de frío. No están ahí por opción o como un método de presión, están ahí porque no tienen otro lugar donde ir y porque nuestro país no reconoce la vivienda como un Derecho Humano.

Urge en Chile una nueva política que reconozca la vivienda como un derecho y universalice el acceso a todas y todos, invertir fuertemente en esto permitirá una reactivación económica importante, cubrir una demanda social urgente y dar trabajo a miles de chilenos y chilenas que se han quedado sin empleo.

Pero para esto se requiere voluntad decidida de los diversos sectores políticos; se requiere valentía para dar soluciones osadas. En Talcahuano por ejemplo, el gran problema es la falta de suelo, pero la Armada de Chile hoy administra más del 40% de los 92 km² que componen el territorio de la comuna. Se podría dar solución a miles de familias que viven en campamentos o como allegados si parte de estos terrenos pudieran destinarse a la construcción de viviendas sociales de calidad. Contando con la tierra se puede gestionar el subsidio.

Por lo pronto, deben detenerse los desalojos, pues muchas familias están asustadas y no encuentran una solución y no puede ser que en pleno siglo XXI la respuesta del Estado en medio de esta pandemia y de un crudo y frío invierno, con cesantía, virus, crisis social y económica, sea echarlos a la calle.