Chile, Palestina y la urgencia inevitable de actuar

Marcos Ilabaca Cerda

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^{Coescrita con Sergio Gahona, senador UDI y presidente del Grupo Interparlamentario Chile Palestina del Senado}

Chile es el hogar de la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe. Esa presencia no es meramente cultural: es política, social y profundamente ética. No es casual que nuestro país haya alzado la voz en foros internacionales denunciando las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel. Pero hoy, frente al genocidio en Gaza y a la intensificación de la ocupación en Cisjordania, las declaraciones ya no bastan. Chile debe dar un paso más y transformar la solidaridad en legislación concreta.

Un camino urgente es solicitar al Ejecutivo la suma urgencia para la discusión y aprobación del proyecto de ley que prohíbe la importación de productos provenientes de asentamientos ilegales israelíes en territorios ocupados palestinos, actualmente en el Senado. Este tipo de iniciativas ya existe en Europa: Irlanda lo aprobó, Bélgica lo ha discutido y la Unión Europea obliga, al menos, a etiquetar el origen de los productos de colonias. Chile, que históricamente ha manifestado su compromiso con el derecho internacional, no puede quedarse atrás. Continuar permitiendo la entrada de esos bienes es, en la práctica, validar un crimen: la colonización ilegal en violación de resoluciones de Naciones Unidas y de la Cuarta Convención de Ginebra.

La política chilena hacia Palestina no puede reducirse a gestos diplomáticos. Si Chile reconoció en 2011 al Estado de Palestina y ha condenado en múltiples ocasiones la ocupación israelí, el paso lógico es alinear nuestras prácticas comerciales y legislativas con ese compromiso. La importación de productos de asentamientos normaliza el despojo, invisibiliza a los agricultores palestinos que pierden sus tierras y alimenta una economía de apartheid. Es hora de que el Congreso chileno debata seriamente una ley que no solo refleje la indignación ciudadana, sino también la obligación jurídica de no ser cómplice de violaciones al derecho internacional.

Pedir sanciones a Israel no es un gesto simbólico: es una exigencia ética y legal. El genocidio en Gaza y la represión en Cisjordania no ocurren en un vacío, pues se sostienen gracias a la impunidad internacional y al comercio que financia la ocupación. Cada caja de dátiles, cada botella de vino o cosmético producido en colonias ilegales que llega a los supermercados chilenos es parte de esa cadena. No es una simple transacción: es complicidad.

Chile tiene la oportunidad de liderar en América Latina un camino de coherencia: sancionar a Israel mediante medidas económicas y diplomáticas que acompañen las denuncias políticas. No hacerlo equivale a vaciar de contenido las resoluciones de la ONU que exigimos cumplir, y a dejar que la solidaridad con Palestina se diluya en declaraciones sin consecuencias.

El pueblo palestino no necesita solo palabras de apoyo: necesita acciones que golpeen la estructura económica de la ocupación y del apartheid. Chile, con su historia de compromiso democrático y de memoria contra la impunidad, puede y debe dar ese paso. Porque lo que está en juego no es solo la dignidad de Palestina, sino también la credibilidad de nuestra política exterior y el lugar que queremos ocupar en el mundo.

El genocidio en Gaza ha demostrado que las potencias callan cuando les conviene. Chile no puede permitirse ese silencio. Debe legislar, sancionar y alinear su comercio con su discurso.