Aborto, recuperar un derecho perdido

Uno de los anuncios más simbólicos realizados por la Presidenta Michelle Bachelet en su cuenta pública del 21 de mayo fue la reposición del debate sobre el aborto. El aborto es un tema de salud pública y derechos reproductivos y quienes afirman que se contradice con la Constitución, es precisamente porque nuestra actual Constitución está obsoleta y no representa las demandas y desafíos de este nuevo Chile.

Ya la ministra de Salud, el Colegio de Matronas, el Presidente del Colegio Médico, legisladores y Organizaciones de la Sociedad Civil, como también el programa de la Presidenta, habían expresado la importancia de abrir el debate como mínimo acto de respeto por quienes creen que el derecho al aborto es precisamente eso, un derecho del cual la sociedad no puede hacer oídos sordos y seguir escondiendo bajo la alfombra, menos aun cuando sólo en 2013 hubo 17 mil abortos ilegales en el país.

En la actualidad, sólo cinco países del mundo lo mantiene como un crimen, El Salvador, Nicaragua, Malta, El Vaticano y Chile. El aborto en nuestro país es tipificado como un crimen “Contra el orden de las familias y contra la moralidad pública” según el artículo 341 del Código Penal, que señala también el castigo al que serán expuestas las mujeres que lo han consentido, teniendo éstas una rebaja en la pena si lo han hecho por “ocultar su deshonra”.

Pero esto no es un tema que afecta sólo a las mujeres, sino a la sociedad entera aun cuando vayan a ser sólo 19 diputadas y 101 diputados quienes tomen la decisión y 6 senadoras y 32 senadores. El debate no pretende legalizarlo sino despenalizarlo bajo condiciones de seguridad y sólo en tres casos específicos: inviabilidad del feto, violación y riesgo de vida de la madre, contemplando siempre que el aborto es una opción y no una imposición.

Nunca está de más recordar que el aborto era un derecho que estaba garantizado en Chile desde 1931 y que fue derogado en 1989, un año antes de la llegada de la democracia, cuando la dictadura anuló el artículo 119 del Código Sanitario que permitía la interrupción del embarazo con fines terapéuticos en aquellos casos en que la vida de la madre estuviese en riesgo.

Reafirmando la importancia de abrir el debate, un estudio de Flacso de abril de 2011 determinó que el 86,6% de la población chilena consideraba al aborto como un problema grave a nivel país, el 63% como un problema de salud pública, el 94,4% estaba de acuerdo con que Chile debiese revisar su legislación respecto al aborto y el 87,4% consideraba que los pobres están expuestos a abortos más riesgosos, planteando un tema sumamente interesante pero del que poco se habla, la desigualdad en el acceso al aborto.

Los más ricos acceden a abortos igualmente ilegales pero más seguros e incluso tienen la posibilidad de salir fuera del país a lugares donde el aborto es legal, los más pobres acceden a métodos peligrosos, con riesgo de muerte aún mayor para la madre.

Al menos, abrirse a la posibilidad de discutir es entender que debemos ser una sociedad más consciente de los reales problemas de la ciudadanía más allá de la religión, la moral y el cuestionamiento de cuándo comienza la vida.

Acá no se pretende despenalizar todo tipo de aborto, que es el último paso de un largo camino en que se ha fallado en educación sexual, acceso a métodos anticonceptivos, uso de la píldora del día después, sino despenalizar en tres casos puntuales, específicos, médicamente acreditables y donde las madres y las familias deben tener la opción a decidir de manera segura.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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