Completamos un mes y medio desde el primer caso en Chile de una pandemia que tiene múltiples efectos en nuestra vida actual y futura. Como sociedad hemos ido comprendiendo que nadie está inmune al virus, pero tampoco a las consecuencias económicas, sicológicas, relacionales o políticas de ella.
Como sociedad aprendemos de nuestros miedos y experiencias, acumulamos conocimiento y tenemos nuevas incertidumbres. En tiempos de crisis los expertos, dirigentes, comunicadores y redes sociales se llenan de información y debates; ante ello el ser humano común adopta decisiones y conductas cotidianamente, según el estado del conocimiento posible.
Todos necesitamos confiar que lo que estamos haciendo y lo que haremos es fruto de un proceso de creación de conocimiento responsable, humilde y participativo.
Muchos tenemos ideas, propuestas y suposiciones que surgen en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Los expertos de universidades, partidos políticos, gremios nos inundan de ideas y buenas intenciones.
La pregunta es si hemos creado los mecanismos institucionales suficientes y creíbles para que lo que se propone se canalice, se procese y se entregue a la ciudadanía como política altamente consensuada según el estado del arte.
En este sentido, en el ámbito sanitario se ha avanzado por la vía del comité de expertos y mesa social, a las que claramente les falta más calidad y cantidad de información e incidencia en las decisiones, pero existe escrutinio del curso de los acontecimientos y adecuación de las conductas según se debate. Más aún tras el anuncio presidencial del retorno progresivo al trabajo, que derivó en una dura controversia sobre la oportunidad, el riesgo de contagios masivos en el período de más incidencia de enfermedades invernales versus el criterio economicista, lo que es vista como una decisión inconsulta e irresponsable.
De la misma manera, en la dimensión económica de la crisis en el corto y mediano plazo, han surgido propuestas desde distintos lugares académicos y políticos, pero es urgente un espacio formal para la discusión y análisis de alternativas que se traduzcan en políticas públicas y adecuaciones legales para su materialización.
Algo similar ocurre en educación, trabajo, salud mental, entre otras. Múltiples actores han ofrecido su colaboración en todos los ámbitos del debate y todos los niveles de gestión territorial.
Pero hoy no existe una definición política de participación institucional, se impone la desconfianza y, por lo tanto, se desaprovechan conocimientos y voluntades. Se impone el autoritarismo o el populismo.
En suma, este momento es cuando y si no ¿cuándo? para solicitar, ofrecer, y exigir mecanismos de involucramiento institucional en la búsqueda de acuerdos y generación de conocimiento.
Que los municipios escuchen a sus organizaciones y salubristas; los hospitales a sus trabajadores; las empresas a sus sindicatos; los sindicatos a los economistas; el gobierno a los partidos.
El eslogan que “de esta pandemia salimos entre todos”, requiere internalizar y materializar la decisión y convicción política de las autoridades locales, gubernamentales, dirigentes y sociedad organizada, que la participación institucional es la vía para enfrentar una situación de incertidumbre como la que vivimos y viviremos.
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