Cuando los límites se diluyen

Cristián Rebolledo Díaz

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En el escenario global, y no solo en el ámbito sanitario, se observa con creciente frecuencia una crítica a la ciencia, a sus métodos y a sus instituciones. Parte de esa crítica es legítima y necesaria: la ciencia no es neutral, comete errores, tiene sesgos. Permitir ser cuestionada es una de sus fortalezas. El problema surge cuando esa crítica deja de buscar mejores decisiones y pasa a relativizar la evidencia como base válida para tomarlas. En ese punto, la evidencia deja de ser un insumo incómodo pero necesario y se transforma en una opinión más prescindible según la conveniencia política o coyuntural.

La evidencia científica cumple un rol específico en el proceso de toma de decisiones: establecer un piso común, ordenar el debate y fijar límites razonables a la discrecionalidad. No garantiza buenos o malos resultados, ni asegura por sí sola decisiones correctas, pero sí contribuye a reducir la incertidumbre y a evitar decisiones completamente desvinculadas de criterios compartidos. Cuando se la desplaza, no se amplía la libertad de decidir; se amplía la posibilidad de hacerlo sin referencias comunes.

Algo similar ocurre con el multilateralismo en salud. Tampoco es perfecto ni está exento de críticas. Una de las más atendibles es la arquitectura burocrática que ha ido sosteniendo: estructuras complejas, procesos lentos y una distancia creciente entre la toma de decisiones y los problemas concretos de los países. A ello se suma un escenario global, en el que grandes actores privados, incluidas fundaciones filantrópicas con enorme capacidad financiera e influencia, participan de la agenda sanitaria con una agilidad y un poder que muchas veces superan la capacidad de regulación de los propios Estados y de las instituciones multilaterales.

Cuando se debilitan los marcos de evidencia científica y cooperación multilateral, se habilita la arbitrariedad en la toma de decisiones que afectan la salud de millones de personas. Esta no es una consigna académica ni una advertencia abstracta. Es una preocupación concreta ante un escenario global en el que la desconfianza hacia la ciencia y el cuestionamiento del multilateralismo sanitario comienzan a normalizarse, con consecuencias reales sobre la salud de las poblaciones.

La coincidencia entre el cuestionamiento de la evidencia científica y el multilateralismo no es casual. Ambos pertenecen a la misma familia de marcos que buscan limitar decisiones basadas exclusivamente en la voluntad, la identidad o el poder. Son incómodos para cualquier poder político, pero entran en conflicto directo con el autoritarismo, precisamente porque introducen límites externos a la decisión. Lo que hoy está en disputa no es solo la legitimidad de la ciencia o de la cooperación internacional, sino la aceptación misma de que las decisiones en salud deban estar sujetas a algo más que la voluntad de quien gobierna.

El problema es que esta discusión ya se ha politizado. En muchos contextos, el multilateralismo en salud dejó de ser evaluado por la razonabilidad de sus propuestas y pasó a ser un marcador ideológico. Sectores reaccionarios lo cuestionan por principio, mientras sectores progresistas tienden a defenderlo por reflejo. En ese escenario, los Estados comienzan a tomar postura no en función de criterios sanitarios compartidos, sino del alineamiento político que consideran necesario abrazar. Cuando los marcos se politizan de este modo, dejan de cumplir su función principal: poner límites.

Propuestas todavía marginales, pero ya visibles en Chile, como abandonar el sistema de Naciones Unidas o hacer voluntaria la vacunación, son expresiones claras de este desplazamiento.

Las consecuencias de este no son teóricas. Se traducen en decisiones erráticas, políticas sanitarias que cambian sin fundamentos claros y una fragmentación creciente de la cooperación. En ámbitos como las pandemias, la vacunación o la resistencia antimicrobiana, decidir sin evidencia compartida ni coordinación internacional no solo es ineficiente: profundiza desigualdades y expone a las poblaciones más vulnerables.

Un ejemplo reciente en la región lo ilustra con claridad. En Argentina, el cuestionamiento explícito a los organismos multilaterales en salud, junto con decisiones que relativizaron el valor de la evidencia y debilitaron las políticas de vacunación, coincidió con una caída sostenida en las coberturas. El resultado fue previsible: el país enfrentó uno de los brotes de sarampión más graves de su historia reciente, una enfermedad prevenible y controlada durante décadas. No se trata de una casualidad, sino de una serie de decisiones tomadas sin evidencia ni reglas sanitarias compartidas, con consecuencias directas para la salud de la población.

Para países de ingreso medio como Chile, este escenario resulta especialmente preocupante. Incluso contando con capacidades técnicas propias, nuestra respuesta sanitaria ha dependido históricamente del acceso a evidencia producida colectivamente y de reglas multilaterales que ordenan la cooperación. El multilateralismo no ha sido un gesto idealista, sino una forma concreta de protección sanitaria.

Debilitar esos espacios no fortalece la autonomía; aumenta la vulnerabilidad.

Precisamente por eso, desde la salud pública, defender el multilateralismo no es una postura identitaria, sino una responsabilidad. En un mundo donde la evidencia se relativiza y la cooperación se lee en clave ideológica, estos marcos siguen cumpliendo una función insustituible: establecer límites compartidos y reducir la arbitrariedad en decisiones con consecuencias masivas. Aceptar su erosión no es neutral.