Enfermedad celíaca: un desafío de salud pública postergado

Magdalena Araya Quezada

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En 2025, la Comisión Europea dio respuesta a una petición presentada por la Asociación de Celíacos de Cataluña, abriendo un debate en Chile que no se puede ignorar. Por primera vez, una institución europea reconoció formalmente la vulnerabilidad sanitaria, económica y social en la que viven las personas con enfermedad celíaca y nos recuerda que es responsabilidad de cada Estado protegerlas.

La petición presentada por Esther Roger, directora general de SMAP (Asociación Catalana de Celíacos), propuso el establecimiento de una Directiva Marco Europea sobre la Enfermedad Celíaca junto a varias demandas, entre las cuales quiero detenerme en la elaboración de un protocolo de diagnóstico europeo estandarizado, la formación obligatoria para profesionales de la salud sobre la enfermedad celíaca, brindar cobertura financiera a una dieta sin gluten como tratamiento médico y la creación de un observatorio europeo para la enfermedad celíaca.

Actualmente el consenso internacional exige que el diagnóstico de enfermedad celíaca (EC) se haga mediante la medición de ciertos anticuerpos en sangre y que la biopsia de intestino delgado muestre ciertas alteraciones en la mucosa intestinal.

Si bien la frecuencia de esta enfermedad aumenta progresivamente desde las últimas décadas, los programas médicos en universidades no han variado. Mientras no se amplíe el tiempo dedicado a estos cuadros, difícilmente se logrará una mejora significativa en su manejo.

Hasta hoy el único tratamiento eficiente para la EC es la eliminación del gluten de la dieta. La gran mayoría de los países tienen algún tipo de programa de apoyo a los celíacos, que asegura el acceso a médico para el seguimiento y la medición periódica de anticuerpos, y los ayuda a solventar el mayor precio de su dieta.

Cada día se conoce más acerca de las presentaciones clínicas y síntomas atípicos de la enfermedad, lo que exige mantener al día los conocimientos y las estrategias de abordaje en la población. Esto es lo que constituye la base para plantear la creación de un Observatorio Europeo, que se haga cargo de mantener al día la búsqueda y manejo de la población afectada. Es evidente la conveniencia de crear un Observatorio chileno.

En nuestro país, las personas celíacas enfrentan grandes dificultades: diagnóstico tardío (de 6 a más años, pobre acceso a especialistas y a los exámenes necesarios para el diagnóstico) falta de garantías reales en seguridad alimentaria, y un sobrecosto significativo en los productos libres de gluten.

Chile podría avanzar en pasos concretos: en cuanto al diagnóstico, es necesario implementar un protocolo nacional de diagnóstico precoz, que aborde el grave subdiagnóstico existente, que retrasa el tratamiento y la posibilidad de evitar complicaciones severas. Por otro lado, reconocer la dieta sin gluten como único tratamiento médico eficaz abriría la puerta a mecanismos como reembolsos parciales, subsidios específicos o deducciones tributarias; asegurar menús sin gluten en todos los espacios públicos (como comedores escolares, hospitales y servicios públicos), haría disponibles alternativas seguras, fiscalizadas y con protocolos claros para evitar contaminación cruzada.

Es momento de avanzar hacia una política pública integral que trate la celiaquía como lo que es: un tema de salud pública que requiere estándares, apoyos concretos y un compromiso real del Estado. El sector de población afectado representa una carga para el sistema de salud (consultas y medicaciones repetidas) también para quien sufre la enfermedad, que debe enfrentar un gasto significativo en la vida diaria y deterioro franco de su calidad de vida. Desde Coacel seguiremos impulsando estas transformaciones. Hoy contamos con la evidencia y con modelos internacionales que muestran el camino. Solo queda que el Estado actúe.