IA en salud pública: la gobernanza antes que el algoritmo
Diez jurisdicciones de salud pública en Estados Unidos empezarán a probar herramientas de IA generativa de OpenAI y Anthropic a través de Pulse, programa impulsado por la Coalition for Health AI (CHAI) junto a Accenture.
Diez licencias corporativas donadas para que cerca de 2.000 funcionarios ensayen, en un entorno acotado, cinco casos de uso puntuales: predicción de "olas" de consumo de drogas, mapeo de determinantes sociales de la salud, eficiencia operativa, un centro de traducción multilingüe y un motor de recuperación de datos clínicos bajo el estándar FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). Aun con esa escala acotada, el ejercicio expone qué hay que resolver primero antes de hablar de IA en salud: no el modelo, sino la gobernanza de los datos que lo alimentan.
Incluso un país con la capacidad tecnológica de Estados Unidos avanza con cautela deliberada. La propia CHAI reconoce que aún no ha publicado criterios técnicos ni de seguridad para evaluar estos casos de uso; la aplicación de la ley HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) dependerá de cada agencia y no hay precisiones sobre plazos de retención de datos ni controles de acceso. Por eso Elizabeth Kelly, de Anthropic, insiste en que la IA "puede ayudar, siempre que se introduzca con cuidado y con las protecciones adecuadas", y por eso el estándar recomendado exige supervisión humana calificada sobre cualquier comunicación o dato clínico generado por IA. Las guías nacionales derivadas de estos pilotos recién se esperan para 2027: un despliegue deliberadamente lento antes de escalar.
Ese matiz importa para el caso chileno, porque en ciertos aspectos partimos en mejor pie: contamos con una base digital más centralizada, con Fonasa, la Ficha Clínica Electrónica y sistemas como Sidra. A eso se suma un ánimo social favorable: según la III Encuesta de Percepción Social de la IA en Chile 2025 del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma, la sensación de amenaza frente a la IA cayó de 40% en 2023 a 23% en 2025, y Chile se mantiene como líder regional en adopción de IA generativa. El uso cotidiano también crece: la misma encuesta documenta aplicaciones ya en curso, como la priorización de listas de espera hospitalarias o la calificación de gravedad en ingresos de urgencia.
Pero esa misma encuesta debería moderar el entusiasmo: cerca de 40% de las personas se declara poco o nada segura de distinguir contenido generado por IA, y persiste la percepción de que sus beneficios llegan sobre todo a los más jóvenes, ricos y educados. No son razones para frenar, pero sí para ser prudentes respecto de qué promesas hacemos cuando hablamos de IA y salud de la población.
Y aquí radica el punto que debemos abordar seriamente: nuestra limitante no es tecnológica ni de ánimo ciudadano, es institucional. Desde 2016 el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud (CENS) impulsa estándares de interoperabilidad (HL7/FHIR), y en 2017 un piloto la receta médica electrónica era técnicamente viable. Si ese esfuerzo no escaló, fue por la ausencia de un mandato regulatorio que obligue interoperar más que por barreras técnicas. Hoy seguimos viendo este desfase normativo: el Minsal y el ISP aún carecen de la capacidad regulatoria formal para validar usos clínicos de IA, y la nueva ley 21.719, con su Agencia de Protección de Datos, recién entrará en vigencia plena hacia fines de este año.
El camino está en diseñar soluciones de gestión con IA, bajo principios explícitos de ética, transparencia, equidad y protección de datos sensibles. Es el mismo criterio de escalamiento gradual que ordena a Pulse en Estados Unidos, y es también donde Chile puede mostrar resultados concretos más pronto: en investigación, por ejemplo en análisis de imágenes médicas para detección temprana de cáncer, en vigilancia epidemiológica como el mapeo de riesgo de dengue con aprendizaje profundo, o en la predicción de demanda de camas UCI.
La pregunta no es si la inteligencia artificial va a transformar la salud pública chilena -ya lo está haciendo, de a poco-. La pregunta es si lo haremos con la gobernanza, los datos y la prudencia que la tecnología exige, y si seremos capaces de modernizar nuestra infraestructura basal al ritmo que este nuevo escenario demanda.