Tras la última elección, en la que se escogieron a los consejeros constitucionales, un clima de incertidumbre se ha tomado el escenario político de nuestro país, principalmente porque la nueva propuesta constitucional está -en su mayoría- en manos del Partido Republicano.
Hace unas semanas esta facción política presentó más de 380 enmiendas que ingresaron para el borrador del texto desarrollado por la Comisión Experta.
En lo particular quiero referirme a una de ellas que agrega: "Se protege la vida del que está por nacer y la maternidad", lo que es a todas luces una "amenaza fantasma" (tal como el filme de Star Wars), un retroceso encubierto a los derechos sexuales y reproductivos que las mujeres hemos conquistado tras años de lucha.
En 2017 fue promulgada la Ley 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación.
Según el Ministerio de Salud, desde 2018 hasta junio de 2022 se han practicado 2.793 abortos; el 31% por riesgo para la madre, 49% por inviabilidad fetal y 20% por violación.
De estos datos se infiere que la tesis que ha manejado por años la derecha, sobre que la interrupción voluntaria del embarazo abre la puerta a que las mujeres iremos corriendo a abortar de una manera desenfrenada, se cae.
Pero más allá de estas cifras, está el trauma de una violación y la imposición de obligar a una niña a tener un hijo o hija de su agresor, lo que es condenarla a la revictimización y a cargar con el recuerdo de una experiencia terrible por el resto de su vida.
Tampoco podemos pasar por alto las recientes declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella: "El día de mañana, cuando seamos mayoría en el Congreso, efectivamente nosotros vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de esa ley de tres causales, que creemos atenta a la vida".
No cabe duda mujeres, la amenaza fantasma hoy es una realidad y supera a la ficción.
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