Las dos pandemias

Desde que se diagnosticaron los primeros casos de coronavirus, en diciembre de 2019 en la provincia de Wuhan, China, no se dio inicio solo a una pandemia que ha causado estragos en el mundo, sino que otro tipo de contagio partió de la mano de lo que hoy llamamos Covid-19: la desinformación.

De hecho, como se recordará, el gobierno chino prohibió a los médicos difundir esta nueva epidemia y durante mucho tiempo había bastante incertidumbre respecto de sus alcances y consecuencias. Hoy ya las conocemos y de sobra.

Pero el tema de la información sigue siendo confuso, y esto ha ido una tónica de la pandemia, que va desde el uso desordenado de los datos, con cambios de criterios a la hora de entregarlos, hasta simplemente no proporcionarlos, dando la autoridad un sinfín de argumentos, entre los cuales el más recurrente es el de la protección de datos personales, tratando de plantear una falsa dicotomía sobre el respeto a la privacidad versus la acción sanitaria local. 

Esto lo hemos visto muchos países, y en donde se ha usado el COVID-19 y Estados de Excepción para limitar el acceso a la información pública o reducir los derechos a la protección de datos personales. Y en todos estos países, en mayor o menor medida, los resultados en el manejo de la pandemia han sido nefastos.

Chile se salva en cuanto al número de fallecidos, sin duda, pero hasta hace pocos días y hoy tenemos confinados por obligación a 5 millones de chilenos y chilenas solo en la capital debido al alza dramática y sostenida de pacientes.

Ya lo decía en una reciente entrevista el académico y especialista en manejo de datos, Ricardo Baeza-Yates que el número de contagiados fácilmente podría estar triplicando y hasta cuadriplicando los actuales, por la proyección que se hace en base al número de fallecidos y el desfase entre los contagios y la fecha en que se conocen los mismos.

De hecho, la fundación que él representa, Instituto Milenio Fundamento de los Datos, se marginó de la Comisión Covid-19 del ministerio de Ciencias, justamente por la  opacidad en la entrega de información y la falta de expertise en materia de datos.

Y pese a que algunos organismos han alzado la voz reclamando mayor transparencia informativa, como el Colegio Médico, los municipios y los integrantes de la mesa asesora del gobierno, que incluye al mundo académico y científico, la tendencia en el país sigue siendo al hermetismo, acompañado de señales confusas que han generado más desinformación que certezas en la población, como aquella del café con amigos o la flexibilidad para la reapertura de los malls.

Por si esto fuera poco, organismos internacionales también han advertido lo esencial de tener una información transparente  para tomar buenas decisiones.

Por ejemplo, refiriéndose a temas presupuestarios, tanto Transparency International como el Fondo Monetario Internacional plantean la justificación en el gasto público y reducir así el espacio para la corrupción y el mal uso de los dineros, involucrando más a la sociedad civil en la fiscalización ex post.

Similar postura, pero desde el punto de vista de la prensa, ha tenido el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha reclamado un mejor acceso de los medios a la información pública.

Por si esto fuera poco, y en contra de toda lógica, el Consejo Para la Transparencia emitió un dictamen a fines de marzo flexibilizando los plazos que tienen más de 800 organismos públicos en el país para cumplir con la entrega de datos que sean solicitados por organizaciones y particulares, atendiendo a que el Estado de Emergencia interrumpía el funcionamiento normal de dichas entidades.

Existiendo hoy todos los recursos tecnológicos para hacer teletrabajo, esta resolución sienta un precedente peligroso y altera el corazón de nuestra sistema democrático, que tanto nos costó alcanzar en materia de transparencia y probidad.

Por ello, como parte de la Red Chilena de Gobierno, la Fundación Multitudes, junto a más medio centenar de otras organizaciones de la sociedad civil, de la más diversa índole, emitimos una carta pública haciendo patente nuestra molestia frente al manejo de datos que el ministerio de Salud ha mantenido bajo estricta reserva. Allí planteamos que se abra la información públicamente y bajo un mismo canal, bajo los estándares de datos abiertos definidos en la Open Data Charter, a la que nuestro país suscribió en el año 2015.

También exigimos se dé urgencia a algún proyecto de ley de Protección de Datos Personales, procurando que se cuente con una institucionalidad especializada e independiente que sea capaz de darle una efectiva tutela a este derecho, que hoy más que nunca cobra tanta importancia.

Esto, para poder zanjar esta falsa polémica que no se pueden conocer los casos de contagio, para proteger el derecho del paciente. Con una adecuada normativa, esa protección puede mantenerse, pero a la vez contar con elementos para que alcaldes y consultorios de atención primaria puedan hacer seguimiento y control de los casos Covid y sus contactos estrechos.

Hoy valoramos el esfuerzo de la llamada primera línea de salud para combatir la pandemia, y confiamos en que las autoridades sanitarias, incluyendo al ministro pese a sus desaguisados, están actuando de buena fe.

Pero pasada esta crisis no se sostiene que la segunda pandemia, la de la desinformación, persista, pues las dudas e incertezas se mantendrán por años respecto a si se actuó o no de la mejor forma.

Ahora es cuando se debe actuar con transparencia, y rápido, porque esta es la forma en que ambas pandemias terminen lo más pronto posible.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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