Medicamentos: tratemos la enfermedad, no solo el síntoma
La consulta médica tiene cobertura. Los exámenes tienen cobertura. Pero el tratamiento que les da sentido, muchas veces, no. Esa es una de las paradojas menos discutidas del sistema de salud chileno. Durante años hemos concentrado el debate en cómo hacer que las personas paguen menos cuando llegan a la farmacia. Más competencia, más medicamentos bioequivalentes, mayor transparencia de precios y más alternativas son avances valiosos. Pero todos actúan cuando el problema ya existe: el paciente tiene un diagnóstico, una receta, y el acceso al tratamiento depende, en gran medida, de su capacidad de pago.
El reciente estudio de la Fiscalía Nacional Económica abre una tremenda oportunidad para ampliar esa conversación. Comprender mejor el funcionamiento del mercado y corregir sus distorsiones es necesario. Pero también cabe preguntarse: ¿El alto gasto de bolsillo responde principalmente a un problema de competencia, o al diseño de la cobertura de medicamentos?
Entre 2018 y 2024, los medicamentos bioequivalentes disponibles se duplicaron, de 2.259 a 5.290. Sin embargo, Chile sigue registrando uno de los mayores gastos de bolsillo en medicamentos entre los países de la OCDE y de América Latina. De acuerdo al último Health at a Glance 2025 de la OCDE, mientras el gasto de bolsillo promedio en los países miembros alcanza 38%, en Chile llega a 66%.
La diferencia también se observa en el esfuerzo público. Mientras los países de la OCDE destinan, en promedio, sobre 1% del PIB al financiamiento público de medicamentos, Chile destina alrededor de 0,5% del PIB. Si la competencia ha aumentado y el gasto de bolsillo no disminuye, es razonable preguntarse si la causa raíz está realmente en temas de mercado.
En la mayoría de los países de la OCDE, los medicamentos forman parte de los sistemas de cobertura públicos y privados. Y cuando eso ocurre, no solo cambia quién financia el tratamiento: cambia la forma en que funciona el mercado. La competencia deja de concentrarse en millones de decisiones individuales en la farmacia y pasa a operar mediante evaluación de evidencia, negociación de precios, compras estratégicas y decisiones de cobertura basadas en valor terapéutico y sostenibilidad. El mercado no desaparece; se ordena.
Chile no parte de cero, y sería injusto no reconocer los avances. El GES, la Ley Ricarte Soto, el DAC y otros programas han ampliado la cobertura para grupos específicos de pacientes. Pero siguen siendo respuestas parciales. Para gran parte de los tratamientos, el acceso continúa dependiendo del bolsillo de las familias.
Existe, además, una segunda brecha: la cobertura efectiva. Incluso cuando un medicamento está financiado, muchas veces no está disponible oportunamente, y el paciente termina comprándolo para no interrumpir su tratamiento. A ello se suma el acceso a la innovación. Chile destina apenas 0,10% del PIB a medicamentos innovadores y de alto costo, frente a un promedio regional de 0,19% y muy por debajo de países como Argentina y Brasil. Esa brecha reaparece después en enfermedad, discapacidad, hospitalizaciones evitables, judicialización y mayor gasto público. En 2025, Fonasa destinó cerca de $90 mil millones al cumplimiento de sentencias judiciales por medicamentos de alto costo, aproximadamente el triple de lo presupuestado.
Nada de esto significa que no existan problemas de competencia. La dispersión de precios entre medicamentos equivalentes, las asimetrías regulatorias que afectan la competencia y la concentración en algunos segmentos de la distribución merecen una revisión rigurosa. Allí la Fiscalía Nacional Económica tiene un rol esencial.
Pero la experiencia internacional deja una lección difícil de ignorar. Los países que lograron reducir sostenidamente el gasto de bolsillo no lo hicieron solo fortaleciendo la competencia. Lo hicieron incorporando los medicamentos a sus sistemas de cobertura, bajo reglas explícitas de evidencia, valor y sostenibilidad.
Quizás esa sea la discusión que Chile aún tiene pendiente. Durante años hemos debatido cómo hacer que los medicamentos cuesten menos. La pregunta decisiva es otra: cómo lograr que el acceso al tratamiento deje de depender, principalmente, del bolsillo de quien lo necesita. Porque un sistema de salud cumple su propósito cuando transforma un diagnóstico en un tratamiento oportuno, capaz de cambiar el curso de la enfermedad. Mientras no enfrentemos esa discusión, seguiremos tratando el síntoma sin resolver la enfermedad.