Pandemia de licencias

Sergio Gahona Salazar

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A inicios de 2020, mirábamos con curiosidad a personas en Wuhan usando mascarillas en la vía pública. El problema parecía lejano y no nos preocupaba. Tomamos conocimiento de los riesgos recién cuando el virus entró a nuestras casas. La pandemia solo se controlaría cuando se tomó conciencia de que el problema nos afectaba a todos. Hoy, Chile enfrenta otra pandemia: el uso indebido de licencias médicas.

Hasta hace poco, muchas personas no lo veían como un problema cercano. La Encuesta Nacional de Salud UNAB 2024 mostró que 19% no veía problema en el aumento de licencias, y que 28% de los afiliados a Fonasa creía, erradamente, que ese aumento solo encarecía los planes de salud. Por lo mismo, conviene dimensionar el daño que generan las licencias fraudulentas.

La Contraloría evidenció -mediante cruces de datos- que 25 mil funcionarios públicos salieron del país estando con licencia médica y 13 mil asistieron a casinos estando con "reposo". El problema es que la discusión pública se centró equivocadamente en una supuesta deshonestidad de los funcionarios públicos, provocando defensas corporativas que en nada ayudan a resolver el problema de fondo. La inmensa mayoría es honesta, y justamente por eso, Chile no debe perder la oportunidad de aislar, investigar y sancionar a quienes defraudan. Y para ello, se debe tomar conciencia de que esto les conviene a los funcionarios públicos, a los enfermos y a todos los chilenos.

A los funcionarios públicos les debería interesar: el Ministerio de Salud estima que se pierden 30 mil jornadas completas al año por uso de licencias médicas. Funcionarios públicos de la salud y la educación han sufrido históricamente problemas de baja dotación. Por lo mismo, es evidente que reduciendo el ausentismo, habría más manos para hacer el trabajo, reduciendo el estrés del sistema. Anualmente, por trabajador se pierden en promedio, 32,3 días por licencias o permisos; es como si un hospital cerrara un mes completo, aumentando la carga de todo el resto del año.

A los pacientes también les afecta. Del 7% de la cotización en salud que le descuentan a cada persona de sus ingresos, más de la mitad (3,7% en Fonasa en 2023) se usa solo para financiar reposos. Son recursos que se desvían de fondos que compiten por financiar consultas médicas, cirugías o medicamentos. Defraudar a través de licencias implica meter la mano al bolsillo a los más enfermos. Entenderlo, podría haber dado una solución a los casi 100 pacientes que fallecieron en promedio al día estando en listas de espera el año pasado (independiente de la causa); y ayudaría a tener más recursos para atender a los actuales tres millones de registros en listas de espera. Además, un sistema sobrecargado tiende a sospechar y rechazar licencias médicas legítimas, obligando a los pacientes a trámites desgastantes en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) para lograr el pago del subsidio por Fonasa o la isapre cuando sí corresponde.

Y si usted no es funcionario ni está enfermo, esto también le afecta. La reforma presentada por el Ejecutivo sobre licencias médicas podría ahorrar US$180 millones, equivalente a lo necesario para construir unos seis hospitales de baja complejidad. Además, si 25 mil funcionarios no viajaran con licencia, el Estado podría tener más manos disponibles para entregar mejores servicios, especialmente en las áreas más afectadas por el abuso de licencias, como educación y salud. En materia de seguridad, nuestras calles estarían más seguras y nuestras cárceles mejor custodiadas con los mil funcionarios de Carabineros de Chile y mil funcionarios de Gendarmería que aparecieron viajando con reposo en los últimos reportes de Contraloría.

En síntesis: aunque el problema parezca lejano, está más cerca de lo que creemos. Tomemos conciencia del daño del abuso con licencias médicas. Un primer paso a paso, sería aprobar la reforma al sistema de licencias. En un año electoral, sería una señal clara para los funcionarios públicos honestos, para los pacientes y para toda la ciudadanía.