Subsidio de incapacidad laboral, hora de transformaciones
Nuestro país tiene un serio problema con el subsidio de incapacidad laboral (SIL). El gasto se ha duplicado en 10 años, pasando de 0.6% en 2014 a 1.2% del PIB en 2022. Fonasa destina el 66% y las isapres el 40% de las cotizaciones a pagar licencias, lo que reduce los recursos disponibles para prevenir y tratar enfermedades.
Es evidente que hubo un aumento de licencias médicas por la pandemia, pero mientras esta situación se ha ido normalizando en otros países, en el nuestro siguen altas cifras que afectan la calidad de los servicios, la productividad y sostenibilidad de nuestro desarrollo. Esto denota un grave problema, más aún cuando se estima que entre 20% y 30% de las licencias médicas emitidas son licencias falsas o fraudulentas, lo que generaría un elevado costo al sistema de salud en su conjunto.
Dado a que en el sector público el promedio supera un mes al año, la Dirección de Presupuestos (Dipres), por la responsabilidad fiscal del uso eficiente de los recursos, ha señalado que los servicios públicos no podrían solicitar incrementos de dotación en sus anteproyectos presupuestarios para el 2025 cuando su nivel de ausentismo laboral asociado a licencias médicas no parentales no se redujera. Una medida paliativa sin duda, pero no suficiente.
Siendo evidente que muchas de las licencias son necesarias y parte del tratamiento, la primera reflexión debe centrarse en las razones de tanta enfermedad, lo que nos remite a los fallos y déficits en prevención y en explicarnos porque trabajamos y envejecemos tan llenos de achaques físicos y emocionales. La segunda reflexión debe buscar respuestas al diseño de nuestro subsidio de incapacidad laboral, ya que sus inadecuados incentivos, deficiencias en control y fiscalización y las bajas sanciones han hecho del sistema uno ideal para el abuso. A modo de ejemplo, según datos de una de las instituciones de salud previsional, hay regiones donde los trabajadores, en comparación con la Metropolitana, más que duplican los días ausentes por enfermedad, sin explicación racional alguna, lo que coincide en que dichas zonas descartan más del 90% de los rechazos fundados que se le proponen.
Es urgente reformar nuestro SIL, sus incentivos y controles, así como dotar al sistema público de un estatuto moderno que permita promover espacios saludables propicios para la calidad, el buen servicio y el desarrollo de las personas. Es de esperar que en este ámbito exista consenso y se pueda avanzar.
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