Uso malicioso de licencias médicas, nuevo fraude al Estado

Sergio Gahona Salazar

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Si pensábamos que con las gigantescas sumas de dineros fiscales entregadas a fundaciones manejadas por cercanos al Gobierno ya habíamos llegado a un nivel inaceptable de defraudación al erario nacional, hoy los chilenos vemos con asombro que esta saga parece no tener fin.

Un informe de la Contraloría General de la República, generado a partir de un análisis de 35.585 licencias médicas emitidas entre 2023 y 2024, a funcionarios públicos o de entidades que cumplen funciones estatales, permitió detectar que 25.078 de ellos no habrían cumplido el reposo prescrito, al haber salido del país durante dicho período, haciendo un uso indebido del sistema.

Este informe ha destapado una situación que sólo puede calificarse como vergonzosa para el sector público, donde se identificó a 777 instituciones con irregularidades, quedando todas ellas claramente visibilizadas ante los chilenos; especialmente con miles de personas que, estando realmente enfermos, ven retrasados el pago de su licencias médicas o retenidos por cuestionamiento a sus diagnósticos, mientras que estos funcionarios públicos se dan el lujo de "conseguir" licencias médicas fraudulentas, para salir fuera del país.

La investigación de Contraloría también involucra irregularidades vinculadas a 250 médicos que cumplen función pública y que, en un lapso donde registraban un total de 440 licencias médicas, no cumplieron su periodo de reposo, asistiendo a 710 partos en recintos privados. En la investigación no estamos hablando de montos menores y recordemos que sólo corresponden a un período revisado; aquí hay involucramiento de una gran cantidad de funcionarios públicos de distintos organismos, que al abusar de las licencias médicas, comenten un fraude y debieran ser destituidos por falta a la probidad, además de tener una responsabilidad civil que los obliga a devolver los dineros mal habidos.

Pero no sólo se trata de perseguir el fraude, porque es de justicia que eso se haga, sino que también es urgente corregir un sistema que cada día funciona peor y para lo cual hay que establecer controles efectivos en todos los niveles que corresponde. Aquí hay responsabilidad de muchas instancias, no sólo de los funcionarios implicados; problemas por parte de los jefes de servicios, por una falta de fiscalización; también de ciertos médicos y organizaciones delictivas, que hacen probadamente este otorgamiento masivo de licencias médicas.

Más allá del impacto de estos resultados, cabe preguntarse ¿dónde están las medidas de control interno en cada uno de estos servicios públicos? ¿O debemos suponer que estos más de 25.000 funcionarios públicos se sienten "protegidos" por un Estado que no está cumpliendo correctamente su rol fiscalizador, con los miles de funcionarios que con cada nuevo gobierno engrosan sus filas?

Creemos que la respuesta es muy clara: el Estado está siendo cada vez más ineficiente, aumentando el tamaño del aparato público en todos los niveles, pero al mismo tiempo, cada vez más lento y descuidado en su actuar. Nos parece urgente que entendamos que nuestro país está yendo en la dirección equivocada y la experiencia de otros países así lo ha demostrado; donde se ha logrado tener un Estado pequeño pero eficiente, se pueden generar las condiciones para que las personas logren un mejor bienestar, al mismo tiempo que se recuperan importantes recursos para destinarlos justamente a mejorar ese bienestar.

Esperamos que el anuncio del Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, de la creación de un Comité Nacional de Ausentismo, con el objetivo de reforzar los controles, investigar los casos irregulares, recuperar recursos públicos mal utilizados y proponer modificaciones normativas; vaya por el camino correcto y sus resultados se vean a la brevedad y no se pierdan entre las muchas ofertas que se despliegan en la Cuenta Pública del Presidente y que quedan en letra muerta.