Buen trato a las personas mayores: el desafío pendiente de Chile
Cada 15 de junio se conmemora el Día Mundial del Buen Trato a las Personas Mayores, una fecha que invita a reflexionar sobre una realidad invisible para muchos, el maltrato y el abuso presentes en la vejez. Cuando hablamos de maltrato hacia las personas mayores solemos pensar en situaciones extremas de violencia física o psicológica, pero también se expresa de formas más silenciosas: en la exclusión. Esto ocurre cuando una persona deja de ser considerada en las decisiones públicas, cuando se le niegan oportunidades de participación o cuando las barreras tecnológicas la aíslan de una sociedad cada vez más digitalizada.
En Chile, esa reflexión es particularmente urgente. Hoy, una de cada cinco personas tiene 60 años o más, y las proyecciones indican que en las próximas décadas nuestro país será uno de los más envejecidos de América Latina. Esta transformación demográfica no es una amenaza; es el resultado de un logro social: vivimos más años y con mejores condiciones que generaciones anteriores.
Sin embargo, mientras el envejecimiento avanza aceleradamente, la respuesta pública y de nuestra sociedad continúa siendo insuficiente.
La buena noticia es que se acaba de firmar un compromiso del Gobierno por la implementación de la Ley Integral para las Personas Mayores, un hito largamente esperado por organizaciones, expertos y, especialmente, por las propias personas mayores. Celebramos que, por fin, Chile cuente con un cuerpo legal que reconoce y garantiza el ejercicio pleno de sus derechos, promoviendo su autonomía, participación e inclusión.
Pero las leyes, por sí solas, no transforman realidades.
La ausencia de recursos para implementar esta nueva normativa abre una preocupación legítima respecto de su cumplimiento efectivo. Los derechos requieren institucionalidad, programas, profesionales y financiamiento. De lo contrario, corren el riesgo de convertirse en letra muerta y promesas incumplidas para quienes más las necesitan.
Esta distancia entre el discurso y la acción también se observa en otras señales recientes. El escaso espacio dedicado a las personas mayores en la última Cuenta Pública Presidencial, la inactividad de la Mesa Intersectorial de Adaptación Digital para Personas Mayores y los recortes presupuestarios a iniciativas de inclusión digital impulsadas por Senama constituyen alertas que no debieran pasar inadvertidas.
En Fundación Conecta Mayor UC trabajamos diariamente para que las personas mayores formen parte activa de la sociedad, impulsando su inclusión mediante programas de educación digital, herramientas tecnológicas e iniciativas de cambio cultural que movilizan alianzas entre el mundo público, privado, académico y la sociedad civil.
Cuando una persona mayor aprende a utilizar un teléfono inteligente para comunicarse con su familia, acceder a servicios o participar de su comunidad, no solo adquiere una nueva habilidad. Al mismo tiempo, esa persona recupera autonomía, fortalece su confianza en la tecnología -ya instalada en la cotidianidad- y amplía sus posibilidades de mantenerse conectada con el mundo. La inclusión digital es hoy una forma concreta de inclusión social.
Por eso preocupa que justamente estas iniciativas estén perdiendo prioridad en la agenda pública. Chile enfrenta un desafío demográfico que no puede seguir siendo abordado desde una sola dimensión. Mientras el debate público se concentra, legítimamente, en la baja natalidad, la otra cara de la transformación demográfica -el acelerado envejecimiento de la población y una de las esperanzas de vida más altas del continente- parece ocupar un lugar secundario en las políticas públicas.
El Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez nos recuerda que el buen trato no se limita a evitar el daño. También implica reconocer el valor de las personas mayores, garantizar sus derechos y generar las condiciones para que continúen aportando a sus comunidades y al desarrollo del país.
Esperamos que se avance desde el reconocimiento hacia la acción: que la nueva ley cuente con los recursos necesarios para hacerse realidad, que las políticas de inclusión digital se fortalezcan y que las personas mayores ocupen el lugar que les corresponde en la agenda pública, como personas activas que aportan a la sociedad. Hablar de buen trato significa construir un país donde envejecer no sea sinónimo de exclusión, sino de dignidad, participación y oportunidades.