Convivencia lúcida
Las sociedades toman malas decisiones cuando el miedo reemplaza a la evidencia. Lo vimos hace unas semanas, tras la filtración de un preinforme de Contraloría sobre el ingreso a Chile de un grupo de niños haitianos en el marco de un proceso de reunificación familiar. Antes de que los hechos fueran esclarecidos, se sucedieron recriminaciones políticas, especulaciones sin sustento y coberturas que transformaron hipótesis en certezas. En medio del ruido, quienes debían estar en el centro de la preocupación -los niños y su protección- quedaron relegados por una discusión marcada por el impacto comunicacional.
En ese contexto, las organizaciones migrantes, especialmente las comunidades haitianas, levantaron una alerta necesaria: utilizar información incompleta para instalar sospechas sobre una nacionalidad no sólo vulnera la dignidad de las personas, sino que también dificulta la capacidad del país para enfrentar problemáticas reales. Generalizar y asociar a las personas migrantes con la negligencia familiar o con delitos, alimenta prejuicios que erosionan la confianza social y debilitan la acción de las instituciones.
Chile cuenta con una institucionalidad destinada a proteger a niños, niñas y adolescentes, sustentada tanto en nuestra legislación como en compromisos internacionales que reconocen el interés superior del niño como principio rector. Como toda institucionalidad, puede y debe fortalecerse, mejorando la coordinación entre organismos públicos, los mecanismos de supervisión y la capacidad de respuesta. Pero debilitar la reunificación familiar como derecho o sembrar desconfianza sobre ella sin evidencia no contribuye a una mejor protección de la niñez; por el contrario, distrae la atención de los desafíos que realmente debemos enfrentar.
La experiencia vivida a propósito de este caso nos deja una enseñanza que trasciende esa contingencia: desafíos complejos como la gestión de la migración o la protección de la niñez no se resuelven únicamente con leyes, políticas o instituciones públicas. También requieren comunidades capaces de convivir, confiar y actuar de manera corresponsable. Cuando vecinos, escuelas, empresas, municipios y organizaciones conocen las reglas comunes y construyen relaciones de confianza, impulsan a que las instituciones funcionen mejor: los riesgos se detectan antes, las denuncias llegan oportunamente y las respuestas encuentran comunidades dispuestas a colaborar.
Ese es el desafío que hoy tenemos como país: construir una convivencia lúcida, capaz de distinguir los hechos de los prejuicios y de abordar nuestros grandes desafíos -desde la migración hasta la protección de la niñez- con un genuino sentido de responsabilidad compartida, sin importar la nacionalidad o condición social de quienes están involucrados.
Con esa convicción, el Servicio Jesuita a Migrantes ha incorporado iniciativas territoriales para fortalecer la convivencia entre personas chilenas y migrantes en barrios, escuelas, empresas y comunidades. Porque la cohesión social no surge espontáneamente: se construye. Y es ese encuentro cotidiano es el que nos permitirá hacer posible un país más seguro, más justo y más humano.