El avance del COVID 19 en las naciones de mayor desarrollo, y también en nuestro país, ha dejado en evidencia que el acelerado envejecimiento de la población, debido a las bajas tasas de natalidad y a los mayores niveles de esperanza de vida, generan requerimientos desde la salud pública. Así también llama la atención que - a la hora de promover el aislamiento en este grupo - ha resultado complejo sostenerlo en muchos casos, en especial en territorios de alta vulnerabilidad.
Hoy la incapacidad de contar con sistemas de pensiones y transferencias públicas focalizadas a sus necesidades más permanentes, ha derivado en la extensión de la vida laboral y la jefatura de hogar de este grupo.
Por lo mismo, un proceso como el aislamiento social en tiempos de pandemia, no sólo afecta su salud física, sino también se transforma en un riesgo efectivo en su capacidad para solventar los gastos necesarios y mantener su ocupación laboral. La angustia derivada en la falta de protección social y la necesidad de estar recluidos para literalmente salvarse, junto a la limitación de los afectos propios de sus familiares por los riesgos de contagio hacia ellos, los hace sentirse más vulnerables.
En Chile la población de 80 años y más, al año 2050 representará a un 6,9 % de la población total, doblando el número de mujeres al de hombres.
Por su parte, la población de 65 a 74 años representará el 10,4% de la población, mientras que para el tramo de 0 a 4 años la situación será diferente, representará solo un 5,5%. La contingencia nos remite a preocuparnos de nuestros adultos mayores, sin embargo, a pocos años de distancia, serán un quinto de la población y requerirán de capacidades que hoy no están instaladas en nuestra sociedad o, si lo están, serán claramente serán insuficientes.
El Coronavirus ha sido una alerta que advierte que debemos cambiar el rumbo respecto a este grupo. Con todo lo anterior, es miope considerar al adulto mayor como una carga de las políticas públicas.
Así como el trabajo doméstico no remunerado puede representar un porcentaje importante del producto interno bruto no atribuible, los mayores contribuyen a la familia y a la sociedad , en miles de hogares la jefatura de hogar la tienen ellos, cerca de un 30% a nivel nacional, observándose además que existe un flujo de prestaciones no monetarias que las personas mayores dan a su entorno y que son claves para el bienestar familiar, como puede ser el apoyo en el cuidado de los nietos, de los enfermos , el voluntariado comunitario , entre otras.
De aquí en adelante, pasada esta crisis sanitaria, debemos ser capaces de desafiar nuestra política pública para realmente ofrecer al adulto mayor un espacio protegido que valore su vida de trabajo y reconozca su contribución activa a la sociedad.
En nuestras labores, hemos visto cómo en los consejos comunitarios del modelo “Comunidades que se Cuidan”, que se trabaja junto a la Universidad de Washington, que son los adultos mayores quienes sostienen los espacios de cohesión social que permiten el encuentro generacional en pos del desarrollo positivo de la Infancia.
Hay muchas lecciones que debemos aprender de esta pandemia y, sin duda, también hay otros grupos de alto riesgo afectados por los cuales debemos impulsar políticas protectoras.
Sin embargo la realidad demográfica de nuestro país supone la necesidad de actuar con urgencia y de manera preventiva, cuidar y proteger a quienes un día cuidaron de nosotros.
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