Exigir una vez más una vida libre de violencia

Camila Maturana

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El día 7 de junio se entregó al Consejo Constitucional el anteproyecto elaborado por la Comisión Experta y las demandas de los movimientos de mujeres y feministas son grandes ausentes del texto. Destaca particularmente que no se haya incorporado el derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia. En medio de una agenda pública, legislativa y constituyente marcada por el tema de la seguridad, es inadmisible que en la discusión sobre esta no haya espacio para el reconocimiento y garantía de este derecho.

Debatir sobre la inseguridad y sus medidas para abordarla (incluidas las normas constitucionales) desde un punto de vista supuestamente neutro, invisibiliza las formas en que la violencia afecta la vida de las mujeres y las niñas de manera diferenciada. Sobre esta diferencia las cifras hablan por sí solas: 41,4% de las mujeres entre 15 y 65 años declaró haber sufrido violencia por parte de su pareja, expareja u otro familiar según la última Encuesta de Violencia contra la Mujer (ENVIF-VCM); mientras que la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) develó que 71,2% de las mujeres declara sentirse insegura al caminar solas por la calle cuando ya está oscuro (frente a 53,3% para el caso de los hombres).

Prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas no es un eslogan, ni una declaración de principios o buenas intenciones, se trata de obligaciones del Estado de Chile adquiridas con la ratificación del Convenio Belém do Pará en el año 1996. Más de 25 años después estas cifras no decaen y esto implica que deben multiplicarse los esfuerzos para cumplir estas obligaciones, no sólo por el hecho de ser un deber del Estado, sino porque este cumplimiento tiene el potencial de cambiar de manera significativa millones de vidas. Para ello es clave que el proceso constitucional actual nos entregue una Constitución que reconozca el vivir una vida libre de violencia como un derecho, de modo que toda legislación, política pública y resolución judicial se vea obligado a respetarlo, promoverlo, protegerlo y garantizarlo.

Si bien las oportunidades de participación ciudadana en el nuevo proceso constituyente son limitadas en relación al anterior, existen igualmente mecanismos para llevar a la discusión del Consejo temas que hasta hoy no han sido considerados, a través de la participación en audiencias públicas, diálogos autoconvocados e iniciativas populares de norma. Estas últimas presentan un desafío importante pues requieren, para ser admitidas a tramitación, del apoyo de 10 mil personas, de al menos 4 regiones distintas, quienes deben firmar ingresando con la Clave Única a la página web de la secretaría de participación del proceso, hasta el 7 de julio.

En un contexto tan desfavorable a nuestras demandas como el que enfrentamos en la actualidad dentro y fuera del proceso constitucional, es indispensable recurrir a la memoria reciente, recordar los cientos de miles de personas, principalmente mujeres, que se han volcado a las calles durante los últimos años exigiendo el fin a la violencia de género y que estas voces se alcen apoyando el reconocimiento del derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia.