Fortalecer la institucionalidad es un buen camino para alcanzar los ODS 2030

Eve Crowley

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Las instituciones fuertes, transparentes, eficaces y eficientes son esenciales para el correcto desarrollo de todas las sociedades, ya que permiten acceder a mejores servicios, contar con una mejor democracia, garantizar de mejor manera los derechos humanos, y avanzar de forma decidida hacia el desarrollo sostenible. Lo anterior ha sido identificado por todos los países de la comunidad internacional que, conjuntamente, consideraron contar con instituciones fuertes, como un Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) en sí mismo, el cual debe guiar el trabajo de la comunidad internacional y de Naciones Unidas durante los próximos años.

Chile se encuentra en una buena posición. Ha trabajado en la consolidación de instituciones respetables y que responden a los más altos estándares internacionales, como es el caso de la Contraloría General de la República, que ha logrado incluso entrar a la Junta de Auditores de Naciones Unidas al cumplir con los más altos estándares en el área de fiscalización, lo que es central para el buen funcionamiento de los países y de las demás instituciones del Estado. Sin embargo, el Estado debiese promover, aún más, articulaciones y acciones para hacer más eficiente y eficaz el trabajo para alcanzar el cumplimiento de los ODS y las metas de la Agenda 2030. Dichas metas se conectan directamente con las líneas de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que apuntan a una mejor nutrición, una mejor producción, un mejor medio ambiente y una mejor vida.

En este sentido, la FAO promueve una mayor coordinación interinstitucional de los actores involucrados en el sistema agroalimentario, que considere, además, una visión con estrategia de largo plazo donde cada una de las instituciones involucradas puedan responder de manera coherente a las disrupciones del sistema y que permita conectar correctamente la producción con el consumo, beneficiándose de resultados que son comunes y que solo pueden alcanzarse actuando coordinadamente, previniendo crisis y generando mejores sistemas de gestión de riesgo, mitigando y adaptándose al cambio climático y, en definitiva, creando mayor resiliencia.

Asimismo, la FAO fomenta la importancia del buen funcionamiento de los mercados, sobre todo a través de la transparencia de la información para que esté disponible de manera abierta y segura, a fin de posibilitar una mayor competitividad, evitar las asimetrías de información y dificultar las distorsiones, como los abusos de posición dominante, la colusión y otros atentados a la libre competencia, que generan mercados poco eficientes y aumentan las barreras de mercado que impiden la inclusión de actores relevantes como las y los pescadores artesanales y la pequeña agricultura. Un mal funcionamiento del mercado facilita las especulaciones que se traducen en mayores costos para los precios de los alimentos, que perjudican a los consumidores más vulnerables.

Este último punto se hace más evidente en momentos en que es muy necesaria la implementación de políticas redistributivas y de discriminación positiva hacia el mundo rural, en especial para la agricultura familiar campesina, las mujeres rurales y los pueblos indígenas, las cuales deben apuntar hacia la disminución de la vulnerabilidad de los territorios, en lo que las instituciones locales juegan un rol fundamental.

El enfoque de las políticas públicas debería promover sistemas sociales y productivos más inclusivos que fomenten la participación y el empoderamiento de los actores territoriales, ya que cuando las instituciones son validadas por la comunidad, dialogan entre ellas y marcan los puntos en que convergen las mismas necesidades se crean las condiciones óptimas para permitir una real transformación de los sistemas agroalimentarios. A través de una producción y un consumo más sostenible, sustentable, con reducción de agentes contaminantes, promoción de prácticas que promuevan la adaptación y mitigación del cambio climático, conservación de la biodiversidad, resguardo de las prácticas tradicionales y la participación de toda la comunidad, se pueden conseguir resultados con mejores proyecciones.

Lograr sistemas agroalimentarios más sostenibles en términos económicos, sociales y ambientales, que no dejen a nadie atrás, requiere del trabajo coordinado de las instituciones, con objetivos comunes, con transparencia, con participación ciudadana y, en definitiva, con legitimidad, pues solo de esa forma se pueden alcanzar los ODS 2030. Por ello, es importante aprovechar todas las oportunidades que se presenten para reforzar el gran trabajo que se encuentra realizando Chile en la consecución de los ODS y la Agenda 2030, que tiene a sus instituciones como eje central.