Huelga del empleado público

Los empleados de nuestro Instituto Médico Legal se declararon en huelga. No entregaron los cuerpos muertos confiados a su inspección.Los deudos esperaron días enteros a sus queridos difuntos.Finalmente indignados y furiosos irrumpieron en la morgue quebrando ventanas y puertas, llegaron al lugar donde estaban los cadáveres. Se llevaron no sé en qué forma de una u otra manera a sus muertos.

El director del Instituto Médico Legal con mucho acierto asumió los costos y destrucciones ocasionadas, comprendió la indignación de los deudos.

Queda pendiente la pregunta: ¿podrá justificarse tal huelga de parte de los empleados de la morgue? Para nuestra legislación es una huelga ilegal.

Esta misma pregunta vale para tantas otras huelgas de empleados públicos. Se les considera ilegales; sin embargo, se multiplican demasiado.Demasiado porque en ellas sufren los usuarios de diversos servicios, muchas veces gente necesitada que no tiene ninguna culpa en el conflicto que origina esa huelga. Pensemos en las huelgas de empleados sanitarios, de educación, de servicios públicos de todo tipo.

Esta es una falla institucional que se tenga que recurrir a algo ilegal para obtener una meta debida y justa. Esta situación redunda en desprestigio de la institución legal. ¿Qué solución  podría proponerse?

Se ha hablado por de pronto de un diálogo entre las partes, entre los empleados fiscales o públicos y las autoridades. Y si el diálogo no logra un consenso, un arbitraje obligatorio. Los árbitros o jueces tendrían que ser hombres públicos, hombres buenos designados o elegidos por las partes o tal vez técnicos que puedan manejar los condicionamientos objetivos del problema.

¿Por qué no se ha institucionalizado legalmente entre nosotros este camino de solución?

¿Será porque no se ajusta a un riguroso socialismo o a un riguroso liberalismo?

Más útil que dilucidar este punto será aclarar los criterios que han de presidir el discernimiento de estos conflictos entre los empleados públicos y el Gobierno, criterios que han de tener muy presente un tribunal arbitral.

Todo discernimiento debe hacerse por de pronto en función del bien de la comunidad nacional y del bien común del propio gremio de que se trate, sea por ejemplo salud, educación u otras funciones. Habrá que barajar diversas preocupaciones, intereses o ideologías.

Creo que hoy será necesario insistir en la búsqueda de mayor igualdad entre todos, un bienestar igualitario por encima de un simple aumento de la producción, actualmente tan buscado y pregonado.

Una exigencia básica del bien común es la efectividad del trabajo personal de cada individuo. Para esto debe haber un control periódico y una capacidad de la comunidad de despedir a individuos que ya no cumplen su función.

Un profesor debe periódicamente dar razón de su competencia, de su eficiencia. Un trabajador de la salud debe ser cumplidor, atender bien, desempeñar adecuadamente su función.

Por esto, ha de excluirse todo intento de adquirir como propiedad el empleo de manera que un funcionario que no cumple sus deberes no pueda ser despedido. Pero, por otro lado, hay que precaverse frente al despido arbitrario y preverse las condiciones que permitan que cada uno trabaje tranquilamente, seguro de que un jefe arbitrario no lo va a despedir,

El problema de las sociedades socialistas ha sido la falta de incentivos.

Existe en otras sociedades el incentivo del dinero, del capital, pero cuando se impone la igualdad se carece de ese incentivo, entonces el peligro es que el trabajo se vuelva un mero cumplimiento sin iniciativas, sin esfuerzo suplementario. Habrá que buscar un equilibrio, habrá que fomentar otros incentivos sobre todo una cultura del bien común, de servicio a la comunidad, de saber sacrificarse por los demás pero, hay que ser también realista y aquí es donde el buen juicio tiene que presidir un discernimiento.

Será el fruto de una buena educación cívica preparar a los futuros servidores públicos, a los que puedan ejercer este voluntariado, sacrificado en lo personal, para servir al bien común.

Tal educación les permitirá realizarse también personalmente en el plano de su comunión con los demás en corresponsabilidad, solidaridad y fraternidad.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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