Ley Integral de las Personas Mayores: el pago de la deuda

Eduardo Toro Nahmías

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Después de cinco años de tramitación en el Congreso, ¡por fin! vio la luz la Ley Integral de las Personas Mayores y de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Aprobada por unanimidad, desde Conecta Mayor UC, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil como la COS y Voces Mayores, tuvimos un activo rol al incorporar algunos aspectos fundamentales, como también el seguimiento en todas las etapas de tramitación, poniendo todos los esfuerzos para conseguir el resultado al que se llegó: el respaldo transversal del mundo político en el parlamento y el apoyo decidido del Ejecutivo.

Esta ley será entonces un marco legal que viene a pagar una deuda con las personas mayores de Chile: abandonar la idea de políticas públicas solo con enfoque asistencialista, para sumar un catálogo de derechos que les permitirá mejorar su calidad de vida. En definitiva, establece un mandato legal que pone atención en la calidad de vida de los 60+, impulsando la inclusión y no discriminación por edad, entre otros aspectos.

Con esta ley se certifica que el envejecimiento debe ser abordado por la sociedad en su conjunto y por todas las instituciones del país. El Estado entonces debe prevenir la discriminación por edad y promover el buen trato a las personas mayores, así como asegurar también la accesibilidad, la participación social y el acceso a la justicia, entre muchas otras normas de esta legislación.

En los puntos más específicos se señala, por ejemplo, que los servicios públicos y privados deberán contar con canales de atención preferente para personas mayores, tanto presenciales como digitales, asegurando un trato basado en lenguaje claro, simple y adecuado, como también la atención prioritaria en el sistema de salud, junto con información clara y un trato respetuoso y amable, reduciendo tiempos de espera y mejorando la comprensión de diagnósticos y tratamientos.

Además, indica que las personas mayores podrán participar en programas educativos y de capacitación, incluyendo educación formal, formación en oficios y desarrollo de habilidades digitales, según la oferta disponible. Se favorecerá así el aprendizaje permanente, fortaleciendo la autonomía, lo que conlleva a mejorar las oportunidades de participación social y laboral, que les permite mantenerse activos e integrados.

Rescatamos, también, que el Estado promoverá la alfabetización digital de las personas mayores y el desarrollo de sitios web y plataformas digitales accesibles y fáciles de usar, simplificando la realización de trámites en línea, el acceso a información y la comunicación con familiares y servicios, y reduciendo la dependencia de terceros para el uso de herramientas digitales.

Uno de los grandes logros de la normativa es el fortalecimiento de la institucionalidad. Es así como Senama tendrá mayores atribuciones y responsabilidades, entre ellas la coordinación intersectorial, muy necesaria para evitar duplicidades que han sido ineficaces, y deberá proponer una Política Nacional de Envejecimiento que contenga las propuestas de personas mayores desde los territorios.

A pesar de que el nuevo cuerpo normativo no está exento de críticas, como la falta de claridad en cómo se financiará y la ausencia de medidas para el fortalecimiento de los municipios, es un gran primer paso en la dirección del cambio cultural que tanto hemos promovido y que nos permite soñar con un 2026 donde la inclusión de las personas mayores sea una realidad.

El próximo gobierno tiene el desafío de implementar esta ley y de llevar sus beneficios a una población mayor que aumenta aceleradamente. Pero, sin duda, es también una oportunidad para devolver la dignidad a las personas mayores, que en medio de prejuicios y estereotipos, a muchos se les ha ido arrebatando solo por cumplir años.