La utilización de helicópteros, utilizada por acomodadas familias para salir de zonas en cuarentena para dirigirse a sus segundas viviendas, en pleno crecimiento de la pandemia, indignó a la ciudadanía que había asumido los llamados a permanecer en casa, como una estrategia de evitar propagaciones del covid-19. Las críticas ciudadanas a esta conducta fueron replicadas por los medios de comunicación, que obligaron al gobierno a criticarlos públicamente, pero sin establecer hasta hoy sanciones conocidas.
Esta situación que arriba se describe, refleja a lo menos tres problemas estructurales.
En primer lugar, que las sanciones operan con mayor celeridad y severidad para personas de escasos recursos, evidenciando un clasismo histórico de nuestra sociedad, como del sistema político y judicial.
También. la displicencia y falta de voluntad que poseen esas familias de las elites económicas chilenas con el resto del país y la institucionalidad, al romper la cuarentena, pasando literalmente “por arriba” (en helicóptero) las medidas de las autoridades.
Y en tercer lugar, no menos relevante, que indica que esas personas poseen una segunda o más residencias donde poder disfrutar sus fines de semana, mientras como país tenemos, en pleno siglo XXI, 882 campamentos que albergan a miles de familias (datos del ministerio de la Vivienda) y continuamos con un déficit de cerca de 500.000 viviendas, según sostiene la Fundación Vivienda, tras cruzar los datos del Censo 2017 y de la encuesta Casen.
Estos datos globales se encarnan en millones de familias que viven de allegadas, en campamentos o pagando altísimos arriendos, para poder sobrevivir. Ese es nuestro Chile real.
El martes 5 de mayo, un voraz incendio se desarrolló en un campamento ubicado en la población La Pincoya, comuna de Huechuraba, afectando alrededor de 32 viviendas y dejando en la calle a las familias que ahí habitaban.
El Campamento lleva más de dos décadas de existencia y es una expresión viviente de falta de viviendas para pobres en Huechuraba, situación que puede resultar paradojal, pues esa comuna históricamente nació de barrios compuesto de sectores populares: La Pincoya, El Barrero, Santa Victoria, 28 de octubre y El Bosque (entre 1945-1973), pero que fue cambiando su fisonomía social desde los años noventa, tras la llegada de acomodadas familias a poblar antiguos sectores agrícolas, dando origen a variados condominios en Pedro Fontova, Santa Marta de Huechuraba, entre otros.
Esto ha generado que el precio del suelo en Huechuraba creciera exponencialmente, limitando que las familias vulnerables puedan acceder a una vivienda en la comuna, debiendo partir a sectores periféricos de la ciudad de Santiago, como Lampa, Colina, Quilicura e incluso Padre Hurtado o Melipilla.
La elitización de la comuna y la expulsión de los pobres, es la consecuencia de casi una década en que no se han construido viviendas sociales en Huechuraba, a pesar de la demanda permanente de los numerosos comités de allegados que allí existen, proliferado de forma paralela, costosos condominios, que hacían noticia en los medios, por la congestión vehicular que generaban en Pedro Fontova.
Claramente hay que abordar esta situación no resuelta en el país, pues la pandemia ha agudizado las dificultades de hacinamiento de las familias allegadas y el incendio del campamento en La Pincoya nos enrostra que las políticas locales (Huechuraba) y nacionales (Ministerio) no han facilitado el acceso a vivienda a los pobres en la comuna, quienes como la mayoría, se sorprendió por el uso de helicópteros para burlar las restricciones y acceder a sus casas de veraneo.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado