Políticas públicas con perspectiva territorial: Camino certero para erradicar la violencia machista

Cristina Martín Sáez

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El mes de noviembre siempre acrecienta una reflexión que la sociedad completa debería tener siempre presente y es la urgente reflexión sobre la violencia contra las mujeres. En ese contexto recibimos consternadas la noticia del femicidio contra Daniela Olate, que se origina en un entorno viven miles de mujeres a diario: Los problemas de conectividad en los territorios rurales. Daniela, quién hace 11 años salió en televisión denunciando las dificultades que vivía trasladarse, tuvo que hacer "dedo" para viajar desde Concepción a Florida a dejarle medicamentos a sus abuelos, fue asesinada por el desconocido que la llevó, evidenciando que en los entornos rurales las dificultades de transporte agudizan los riesgos, sumándose la dificultad para acercarse a los servicios del Estado y el fuerte arraigo cultural que tiene la violencia en pueblos donde, por ejemplo, todas las personas se conocen y existe una desoladora naturalización de la violencia, donde las mujeres muchas veces siguen siendo responsabilizadas por el daño que otros les ejercen.

Hoy es urgente abordar las manifestaciones de violencia que vivimos las mujeres. En esta comprensión el plural es clave: ayuda a comprender que la violencia se manifiesta de distintas formas, no solo a través de agresiones físicas. Pero también da el pase para otra reflexión: la violencia no solo se manifiesta de distintas formas, sino que también opera de manera particular en cada territorio, instalando así la necesidad de incluir, en la elaboración de las políticas públicas, la perspectiva territorial y cultural, en donde todas las condiciones determinantes que existen en los entornos rurales sean incluidas como factores clave en cualquier iniciativa, incluyendo en la construcción de políticas de seguridad pública estos aspectos.

Entender la violencia machista como un continuo presente en la vida de las mujeres, niñas y adolescentes en todas las etapas de su vida ayuda a comprender la dimensión del problema al que, como sociedad completa y ante todo como Estado, nos enfrentamos. Afortunadamente, y en esa línea, con el impulso de los movimientos feministas, desde la institucionalidad se han ido incorporando nociones como la comprensión de este tema como algo estructural y donde es vital la prevención identificando además que la violencia tiene diversas manifestaciones, por lo mismo, cualquier abordaje centrado solo en detener la dimensión física resulta tardío e inconducente.

La ropa sucia ya no se lava en casa. Lo vemos al analizar el aumento de denuncias, que no se traduce necesariamente en que hoy haya mayor violencia, sino más bien en que hoy existe mayor sensibilización, y en que la violencia, tal como plantea el Ministerio de la Mujer en su campaña anual contra la violencia, debe desnaturalizarse.

Para alcanzar ese abordaje integral es que uno de los mandatos que tenemos las instituciones vinculadas al Gobierno es trabajar en plena coordinación interinstitucional. Como Prodemu nos articulamos con distintas instituciones, entre las que destacan Sernameg, fortaleciendo el enfoque desde la prevención, con énfasis en la promoción de la autonomía económica de las mujeres. Y si miramos al campo, esa importancia se confirma, pues tal como muestra el Estudio realizado por Odepa sobre las percepciones de violencia contra la mujer en territorios rurales del Plan Buen Vivir, publicado el 2023, existe una relación directa entre la dependencia económica y la violencia física.

Como instituciones con profundo arraigo territorial, una de nuestras misiones es acercar el Estado a las mujeres, dejando siempre en claro que acudir al Estado en busca de ayuda no es pedir un favor, es exigir un derecho, el derecho a vivir vidas plenas y libres de violencia.

Como Estado tenemos que esforzarnos mucho más para poder afirmar con certeza que en el campo las mujeres ya no están solas. Porque en cada empeño que pongamos para la prevención y erradicación de la violencia, que se refleja, por ejemplo, en la ley integral contra la violencia de género, que para su cumplimiento requiere perfeccionar la articulación dentro del Estado, mandatándonos a considerar siempre las diversas particularidades que caracterizan la vida de la inmensa diversidad de mujeres que habitan Chile.