La violencia contra las mujeres sigue siendo dolorosa y persistente, manifestándose en distintos espacios y formas. En las últimas semanas, varios casos de extrema gravedad han vuelto a ocupar la atención pública, recordándonos que es un problema de urgencia cotidiana. Pese a encontrarnos en un periodo electoral, la discusión sobre prevención, igualdad y convivencia respetuosa no ocupa el espacio que debiera. En un país que enfrenta episodios reiterados de violencia hacia las mujeres, es indispensable que esta realidad forme parte de las conversaciones públicas y del diseño de proyectos.
Desde la educación superior pública tenemos un desafío profundo en esta materia. Las universidades no sólo cumplimos una función académica: desarrollamos espacios de convivencia, formación ética y generación de conocimiento. Se desarrollan habilidades, identidades y valores que marcan la vida presente y futura de miles de personas.
A partir de esa idea, en la Universidad Tecnológica Metropolitana hemos asumido el tema de manera decidida. La implementación de la ley 21.369 y el desarrollo de nuestra Política Institucional de Género han permitido fortalecer mecanismos de denuncia, acompañamiento y prevención, junto con ampliar la formación en igualdad y promover la participación de mujeres en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estos avances responden a un compromiso profundo con la construcción de una comunidad más segura, justa e inclusiva.
Educación y tarea social
Sabemos sí que la violencia de género no se erradica únicamente con regulaciones o protocolos, aunque sean fundamentales. Se requiere una transformación cultural y estructural en que la educación es esencial. La evidencia demuestra que las comunidades que reflexionan, dialogan y se forman en igualdad desarrollan mayores capacidades para prevenir, detectar y enfrentar situaciones de riesgo.
Por eso las universidades son actores estratégicos: porque acogen a una generación que está moldeando sus formas de relacionarse, de comprender el poder, de ejercer liderazgos y de convivir con otros. La prevención es también educación y la educación superior tiene la capacidad y el deber de contribuir a ese cambio.
El desafío es amplio y nos interpela a todas y todos. Las familias, las instituciones, los espacios comunitarios y los medios de comunicación son parte indispensable de la construcción de entornos libres de violencia. Sin embargo, para que esta tarea sea efectiva, es necesario que el país mantenga una conversación abierta y sostenida sobre el tema.
No podemos permitir que la violencia contra las mujeres quede fuera de las prioridades nacionales, especialmente en un momento en que tantos casos dramáticos nos recuerdan sus consecuencias.
Así, cada 25 de noviembre es una oportunidad para reafirmar el compromiso colectivo con la igualdad y la seguridad de las mujeres y niñas. Desde la UTEM hacemos un llamado y una invitación a fortalecer las capacidades institucionales, promover una convivencia respetuosa y contribuir -a partir de la educación pública- a un país en el que todas las mujeres puedan vivir libres de violencia y, por cierto, a salvo.
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