Estos últimos días se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York la 57° Comisión de Población y Desarrollo, recordando los 30 años desde la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la cual marcó un punto de partida para avanzar en el desarrollo sostenible de la humanidad.
En aquel entonces, los gobiernos adoptaron el Programa de Acción de la CIPD acordando la importancia de visibilizar y respetar los Derechos Sexuales y Reproductivos para impulsar el desarrollo económico y político en el mundo. Conmemorar este aniversario ha sido fundamental para discutir cómo ha cambiado la situación desde la aprobación del programa, celebrar los avances y hacer un balance respecto a lo que aún falta por lograr.
En el Informe Estado de la población mundial 2024, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se evidencian cifras preocupantes que debemos erradicar lo antes posible. Entre ellas destacamos que en 69 países, una de cada cuatro mujeres sigue sin poder tomar sus propias decisiones en materia de salud, que; todos los días fallecen aproximadamente 800 mujeres durante el parto, la mayoría de ellas por causas evitables; y que de 32 países, 19 han registrado avances respecto a la autonomía corporal de las mujeres, mientras que en los otros 13 han habido retrocesos.
Si bien existen tratados, convenciones y herramientas tanto internacionales como nacionales que incentivan a los Estados a comprometerse con los Derechos Humanos, se sigue dejando de lado a los Derechos Sexuales y Reproductivos, entregándoles poca o incluso nula importancia para la vida de las personas. Sin ir más lejos, en Chile contamos con una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales desde el año 2017 con una deficiente implementación, somos uno de los países que no cuenta con una Ley de Educación Integral de la Sexualidad que garantice acceso a información de calidad para tomar decisiones y por cierto, nuestro país no garantiza la atención en salud sexual y reproductiva para todas las personas sin discriminación de ningún tipo.
Entonces, aun cuando se hace necesario evaluar avances e identificar oportunidades de mejora, lo que se hace urgente es la implementación de políticas públicas que posibilite el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para todas y todos. Chile cuenta con organizaciones de la sociedad civil con trayectorias que sin duda son un aporte para este cometido y pueden contribuir sustantivamente en avanzar hacia una humanidad sostenible en todos los sentidos.
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