Cuando la voluntad se pone a prueba
La seguridad aérea es, ante todo, una cuestión de confianza: En que los sistemas operen con eficacia, en que las inversiones lleguen a tiempo y en que las autoridades honren sus compromisos. Pero cuando esa confianza se ve debilitada, la incertidumbre se instala en quienes, día a día, velamos por la seguridad en los cielos. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en las últimas semanas.
El reciente fracaso de la sesión de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, debido a la ausencia de la ministra de Defensa, Maya Fernández; del propio director General de Aeronáutica Civil, general de Aviación Carlos Madina Díaz, y a la falta de consenso para aceptar al subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, en su reemplazo, no es solo un traspié burocrático, es una nueva postergación de soluciones urgentes. Si bien comprendemos que hay dinámicas políticas que deben respetarse, la seguridad aérea no puede quedar atrapada en el vaivén de la gestión pública. Es crucial que los espacios de diálogo sean efectivos y que nuestras preocupaciones sean atendidas con la urgencia que ameritan.
El gobierno insiste en que las inversiones avanzan dentro de los plazos administrativos previstos. Sin embargo, este argumento se desmorona ante la falta de ejecución de un plan que, hasta ahora, sigue sin materializarse. A ello se suma la incertidumbre que genera el inminente recambio de autoridades, tanto a nivel gubernamental como dentro de la Fuerza Aérea. Nos inquieta la posibilidad de que todo el proceso de negociaciones deba iniciarse nuevamente, lo que retrasaría aún más los avances necesarios. No podemos permitirnos ese lujo. Trabajamos con equipos cuya vida útil ha expirado y que ya han presentado fallas críticas. Cada día que pasa sin soluciones concretas, aumenta el riesgo operativo y se compromete la seguridad de pasajeros y tripulaciones.
Pero los problemas en la seguridad aérea no se limitan solo a la infraestructura. En 2023 advertimos sobre múltiples carencias: La falta de personal, la escasez de incentivos para trabajar en Santiago, deficiencias en la transmisión de señales digitales esenciales para la coordinación con las aeronaves y jornadas laborales excesivas, muy por encima de los estándares internacionales. También se requiere una carrera funcionaria estable, con llamados a concursos y ampliación de plantas, que brinde previsibilidad y profesionalización al sector.
A pesar de este panorama, existen señales que nos permiten vislumbrar un cambio. A la salida de la fallida sesión en el Congreso, logramos sostener una conversación con el subsecretario Eidelstein, quien confirmó la inversión de 8 millones de dólares para modernizar los sistemas de visualización radar en el Centro de Control de Santiago y Centro de Control Oceanico y en la torre de control del Aeropuerto Merino Benítez. Este anuncio, aunque insuficiente, demuestra que la insistencia y el trabajo conjunto pueden rendir frutos.
El compromiso del subsecretario de retomar el diálogo en marzo representa una oportunidad que no podemos desaprovechar. Sabemos que la agenda política es compleja, pero esta vez exigimos que las palabras se conviertan en hechos. Para ello, es imprescindible que todas las partes involucradas -autoridades, parlamentarios y trabajadores del sector- sumen esfuerzos para evitar que esta oportunidad se diluya en promesas vacías.
Los controladores de tránsito aéreo sabemos que la precisión y la rapidez son fundamentales en nuestra labor. No podemos permitir que la seguridad aérea siga relegada en la agenda pública. Seguiremos exigiendo que se nos escuche, pero con la convicción de que el diálogo debe ser constructivo y resolutivo.
La seguridad aérea no es un privilegio, es una necesidad. Es hora de que las autoridades le den la prioridad que merece. Nosotros seguimos firmes en nuestro compromiso de garantizar que cada vuelo llegue a su destino de manera segura. Ahora les toca a ellos cumplir con su parte.
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