Evasión del Transantiago y mayores
En los últimos años, la evasión del Transantiago ha dado que hablar. En noviembre del 2016 alcanzó un 34,6%, el nivel más alto en la historia de este sistema de transporte y si bien las cifras este año llegaron al 30%, sigue siendo importante poner el problema en la agenda pública.
Mucho se ha hablado respecto de las causas: falta de fiscalización, sanciones débiles o que el mal nivel de servicio incentiva el no pagar para no favorecer a “empresarios inescrupulosos”. Pero poco se habla, eso sí, de cómo la comunidad se puede hacer parte de la solución de este asunto.
Si bien sucesivos gobiernos han ido tomando medidas, como darle más responsabilidad a las empresas, el aumento del número de fiscalizadores, más zonas pagas e incluso la incorporación de molestos torniquetes, todavía una de cada tres personas, no paga su pasaje.
Más aún, según estudios recientemente publicados, y considerando un escenario relativamente optimista, los índices de evasión significan pérdidas de al menos 100 MM de dólares anuales para todos los santiaguinos que sí pagan su pasaje.
En forma paralela, agrupaciones de adultos mayores levantaron la demanda de acceder a una tarifa rebajada no solo en el metro, sino también en los buses.
Ante esto, la Subsecretaría de Transportes desarrolló estudios para estimar el costo que significaría realizar esa medida. Así, para permitir una tarifa igual a la de los estudiantes para todos los adultos mayores de 60 años en el Transantiago se requieren poco más de 100 MM de dólares anuales.
Por lo mismo, propongo una idea de toda lógica. Comprometámonos como sociedad, Estado, usuarios y empresas, a lograr un objetivo que hoy parece imposible. Bajemos drásticamente la evasión y vayamos paulatinamente entregando el beneficio obtenido a nuestros adultos mayores.
¿Cómo?, definiendo metas que vayan gatillando el acceso al beneficio en los siguientes años. Por ejemplo, si hasta septiembre de 2018 somos capaces de llegar a un 20% de evasión, habremos liberado suficientes recursos para ofrecer este beneficio al menos a los que reciben pensión solidaria durante el 2019. Y así seguir ampliando el beneficio si alcanzamos nuevas metas, terminando con un beneficio para todos los mayores de 60 años al alcanzar niveles de evasión como los de países europeos.
Por supuesto el Estado deberá seguir haciendo la pega: aumentar las fiscalizaciones y las atribuciones de los inspectores fiscales, generar un registro de evasores, utilizar mejores tecnologías para evitar el no pago, mejorar la calidad del servicio y expandir la red de Metro, entre otros. Este sustento es necesario para acompañar y sostener el esfuerzo comunitario.
Seguramente esto requerirá modificaciones legales y enfrentará trabas administrativas que no harán fácil su implementación. Sin embargo, la incorporación de nuevos contratos para buses y soporte tecnológico, así como el próximo aumento de la red de Metro, entregan una oportunidad única para empezar a pensar en esto.
Esta sería una política pública innovadora, que se haría cargo de la co responsabilidad que significa vivir juntos en sociedad.
Sería legítima, pues nadie estará en contra de hacer un esfuerzo de civilidad para darle un beneficio directo a quienes han dado toda una vida de trabajo y esfuerzo al país. Y sería eficiente, pues maximizaría el resultado de los esfuerzos del Estado por ejercer control, multiplicando sus acciones en las que podrán hacer millones de santiaguinos. Vale la pena preguntarse si como comunidad, somos capaces de enfrentar este desafío.
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