Renovación automática de licencia de conducir, un proyecto equivocado

Claudia Rodríguez

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Hace unos días, diputados de la UDI presentaron un proyecto de ley que busca la renovación automática de la licencia de conducir clase B y C, señalando que busca descongestionar a los municipios ante la alta demanda por este trámite. Además, aseguran, la norma pretende favorecer a los conductores que no tengan sanción grave ni gravísima por más de 6 años, para que puedan extender la licencia por 3 años más.

¿Cuál es la lógica de este proyecto? La Ley de Tránsito señala que los postulantes que soliciten o renueven licencia de conducir deberán acreditar idoneidad moral, física y psíquica; además de acreditar conocimientos teóricos y prácticos de conducción, así como de las disposiciones legales y reglamentarias. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determinará los estándares para calificarlas. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad del médico del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal para solicitar exámenes especiales para determinar la aptitud psíquica del postulante.

Además expresa claramente que "no se otorgará licencia de conductor a quien carezca de aptitudes físicas o psíquicas que lo habiliten para conducir un vehículo motorizado o hagan peligrosa su conducción". Un examen médico del conductor determinará su aptitud física y psíquica y las incapacidades, debiendo fundamentarse por el médico examinador en la ficha respectiva.

Al renovar la licencia no se rinden exámenes teóricos o prácticos, solo las pruebas psicométricas para asegurar que la persona tenga la salud física, mental y capacidades sensoriales necesarias para conducir un vehículo motorizado de manera segura. El equilibrio entre estos aspectos es clave para renovar la licencia, porque es la mejor garantía de que la persona está en condiciones y no representa un peligro, ni para sí mismo, ni para los demás. Por ende, se debe medir de manera periódica como una obligación y responsabilidad que adquieren los conductores.

Las áreas de medición para comprobar que no existe enfermedad o deficiencia que pueda suponer incapacidad para conducir son, por ejemplo, la capacidad visual, la capacidad auditiva, la aptitud perceptivo-motora o el tiempo de reacciones múltiples.

Por lo tanto, considerando que Chile suma en el 2022 la mayor cantidad de muertes por siniestros viales en una década, declarando hasta la fecha la pérdida de 1.500 personas/familias en las calles y dejando miles de lesionados, sumado a que existe una dificultad para fiscalizar la Ley del Tránsito en su conjunto, claramente este proyecto presentado no va en la línea correcta e imposibilita alcanzar la "Visión Cero" suscrita por Chile enmarcada en el Decenio de la Seguridad Vial 2021-2030.