Un llamado urgente al cumplimiento de los acuerdos
El reciente movimiento liderado por los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), apoyado solidariamente por el Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de Chile, encendió nuevamente las alarmas sobre la insatisfacción en sectores estratégicos de la aviación civil. Aunque los resultados inmediatos de esta movilización se circunscribieron al bono de fiscalización, no abordaron los temas de fondo que afectan y preocupan directamente a los controladores aéreos. Hoy, el desafío es que la opinión pública sepa y comprenda la gravedad de estos problemas y su impacto en la seguridad aérea.
En el corazón del sistema de aviación civil están los controladores de tránsito aéreo, responsables de garantizar la seguridad y eficiencia de los vuelos. Su labor, técnica y altamente especializada, opera muchas veces bajo condiciones de presión extrema. Sin embargo, el deterioro de los sistemas tecnológicos y la falta de inversión en infraestructura y formación técnica han puesto en peligro la calidad del servicio.
Un hecho alarmante que pone en evidencia la gravedad del problema ocurrió en la torre de control del Aeropuerto de Santiago, el principal del país, con una nueva caída de sus sistemas en enero de 2024. Este nuevo incidente, que sigue al apagón registrado en octubre de 2023, subraya las constantes fallas en la infraestructura tecnológica que sostiene la operación aérea. No se trata solo de interrupciones operativas; estos eventos exponen el sistema a riesgos de seguridad críticos, afectando tanto a los pasajeros como al personal. Es una clara advertencia de que el sistema está operando al límite y sin los recursos necesarios para garantizar su estabilidad.
En lugar de escuchar y facilitar la conversación, el Gobierno ha optado por desestimar las preocupaciones de los controladores aéreos, lo que ha llevado a un aumento en la tensión y la desconfianza. Es fundamental que las autoridades reconozcan la importancia de estas demandas.
El año 2023 fue testigo de un importante acuerdo entre el gobierno y los controladores, orientado a actualizar equipos, renovar radares y garantizar una dotación adecuada de personal calificado. Estos compromisos eran más que mejoras laborales: eran respuestas concretas a una urgencia técnica que, de no atenderse, podría tener consecuencias directas en la seguridad de miles de pasajeros. Sin embargo, los avances han sido mínimos, con promesas que no se han materializado y una confianza erosionada entre los trabajadores y el Estado.
El contexto actual plantea un desafío comunicacional importante. Sectores del turismo, los gremios empresariales y la opinión pública han expresado su molestia por las consecuencias económicas y operativas de la reciente movilización de funcionarios de la DGAC. Aunque los controladores no buscan agravar esta situación, es fundamental subrayar que sus demandas no son meramente reivindicativas, sino una apuesta por la sostenibilidad y seguridad del sistema de aviación civil en Chile.
La seguridad aérea no puede ser negociada ni postergada. Ignorar las necesidades técnicas y humanas de los controladores de tránsito aéreo no solo afecta a quienes trabajan en las torres de control, sino que pone en riesgo la integridad del sistema entero. La falta de modernización de radares, la insuficiencia en los sistemas de respaldo y la sobrecarga laboral son factores que, a largo plazo, podrían impactar en la capacidad de respuesta ante emergencias y la eficiencia del tráfico aéreo.
Chile no puede permitirse debilitar su sector aeronáutico, un pilar tanto para la conectividad nacional como para la proyección internacional del país. El cumplimiento de los acuerdos no es solo una cuestión de justicia laboral; es una inversión en la estabilidad, confiabilidad y prestigio de la aviación chilena.
En este momento crítico, es imperativo que el gobierno retome el camino del diálogo efectivo con los controladores de tránsito aéreo. Se necesitan acciones concretas que honren los compromisos adquiridos y reestablezcan la confianza en las instituciones. Esto no solo implica cumplir con los acuerdos firmados, sino también establecer un plan de modernización integral que asegure la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
A la sociedad le corresponde comprender que la lucha de los controladores no es egoísta ni aislada. Es un esfuerzo por mantener un estándar de seguridad y calidad que beneficia a todos los usuarios del sistema aéreo. La empatía y el entendimiento son claves para transformar esta coyuntura en una oportunidad de mejora y desarrollo.
El Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de Chile está comprometido con la seguridad de los cielos nacionales y la integridad de sus trabajadores. Las movilizaciones no son un fin en sí mismas, sino un llamado de atención ante una realidad que no puede seguir siendo ignorada.
Es momento de que todos los actores, desde las autoridades hasta la sociedad civil, se unan en el propósito común de garantizar un sistema de aviación seguro, moderno y eficiente. Por el bien de los trabajadores, los pasajeros y el país entero.
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