Urgente, aplicación del narcotest para el transporte interurbano
Durante septiembre, en especial en los días festivos de Fiestas Patrias, es habitual una sobre demanda de servicios de buses interurbanos a distintas ciudades del país. El año pasado, según cifras estimadas que entregó la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, alrededor de un millón y medio de personas viajaron desde terminales de Santiago para estas fechas de celebración nacional. Este aumento de demanda eleva, naturalmente, la carga laboral que tienen los conductores de buses interurbanos. Si bien no es una tendencia, existe un número no menor de conductores que, para responder a esta demanda, utiliza estimulantes como la cocaína o las anfetaminas.
Dentro de las políticas de fiscalización de las autoridades, el alcotest es un instrumento eficaz en el control de conductores de vehículos bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
Sin embargo, si se estima el volumen de viajes interurbanos en Fiestas Patrias, el número de controles es, a todas luces, insuficiente. La falta de equipos en distintos puntos del país, necesarios para controlar una mayor cantidad de vehículos, hace imposible generar el efecto inhibitorio que se busca con este tipo de fiscalizaciones.
A esta precariedad se suma la falta de mecanismos de control a la conducción de vehículos bajo los efectos de estupefacientes. El proyecto de implementar el narcotest es una iniciativa que aún no se ha materializado, pese a la urgencia que requiere una fiscalización en este ámbito: existe una cifra oculta bajo la alfombra que debiera preocuparnos como país.
El ejemplo más patente de esta ausencia de fiscalización es el accidente que protagonizó el chofer chileno en Las Cuevas, Provincia de Mendoza, la madrugada del 2 de febrero de este año, y que costó la vida a tres integrantes de una delegación de fútbol infantil nacional.
De acuerdo con los peritajes efectuados por la fiscalía en Argentina, no sólo fue la imprudencia del conductor del bus la que ocasionó el accidente, que provocó la muerte de tres menores de edad, sino que también la irresponsabilidad de conducir bajo los efectos de la marihuana y cocaína.
La pregunta que cabe hacerse entonces es ¿hubiésemos sabido, de ocurrir el accidente en Chile, que el conductor manejaba bajo la influencia de la marihuana y la cocaína?
Otro factor que se debe tomar en cuenta son las condiciones laborales de los choferes que, ante las altas exigencias por la demanda en Fiestas Patrias, muchas veces realizan más de un turno de manejo, sin descanso de por medio, acumulando más de 20 horas de trabajo ininterrumpido.
El chofer es partícipe de esta falta al aceptar el incentivo monetario que significan estas horas extras, lo cual trae como consecuencia natural que, en más de una ocasión, éste consuma estimulantes para enfrentar la extenuante jornada laboral (principalmente cocaína o anfetaminas), situación que implica un grave riesgo en el transporte de personas.
En la década del 80 el gobierno de Ronald Reagan implementó una política de severo control al consumo de alcohol y drogas en empleados del transporte interurbano en Estados Unidos. La causa de la reacción enfática por parte de las autoridades fue la colisión frontal de trenes en el condado de Baltimore, en 1987, provocada por la negligencia de un ingeniero ferroviario que consumió marihuana antes del accidente.
La implementación de políticas públicas de un país debe ser proactiva y no una reacción a las tragedias que escandalizan a la opinión pública.
El control efectivo de alcohol y drogas a los empleados de transporte interurbano, en todas sus modalidades, es un imperativo que tiene que asumirse a tiempo y no como consecuencia de la pérdida de vidas y lesiones humanas que, perfectamente, pueden evitarse.
Es la vida y salud de compatriotas e, incluso, de nuestros hijos la que está en riego y debemos enfrentar el problema con seriedad y urgencia.
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