Múltiples proyectos y políticas destacan la recuperación de los espacios públicos como iniciativa estratégica para mejorar la calidad de vida en las ciudades. Tal como establece el arquitecto y urbanista Fernando Carrión, "el espacio público es un componente fundamental para la organización de la vida colectiva (...) y es uno de los derechos fundamentales en la ciudad: el derecho al espacio público como derecho a la inclusión". Sin embargo, a pesar del aumento de proyectos que abordan, por ejemplo, la inseguridad o la exclusión a partir de la recuperación de estos lugares estratégicos, no siempre logran resolver estas problemáticas, que a menudo requieren de una intervención social más profunda que también potencie el fortalecimiento comunitario, de manera que las propias comunidades tengan los recursos para transformar su entorno según sus necesidades y aspiraciones.
Durante años, la participación comunitaria en los proyectos de espacio público fue mirada con suspicacia, incluyendo equipamiento o soluciones técnicas que no respondían necesariamente a la realidad de quienes serían usuarios y usuarias. Esto se tradujo, por ejemplo, en la incorporación de máquinas de ejercicio en lugares sin sombra que no eran ni lugares de paso ni áreas de permanencia, o zonas de pasto que requerían mucha agua para mantenerse pero donde nunca se sentaron grupos de personas a conversar, convirtiéndose únicamente en espacios decorativos.
Afortunadamente, poco a poco se ha ido posicionando la importancia de la participación ciudadana en los procesos de recuperación urbana. Actualmente, diversos proyectos incorporan instancias donde vecinas y vecinos pueden opinar sobre cómo quieren que sean sus plazas, derivando en diseños más adaptados a las características y anhelos de cada comunidad. Aun así, hay que seguir mejorando estos procesos, especialmente en cuanto a asegurar la incidencia real de las opiniones de las personas participantes, así como la representatividad de intereses y voces presentes.
Sin embargo, generar espacios públicos de calidad a nivel físico, incluso diseñados a partir de los anhelos de la comunidad, no siempre es suficiente para generar plazas activas que generen encuentro y mejoren las condiciones de vida de las personas. Los problemas que enfrentamos en ciudades como Santiago (desigualdad, exclusión social, pobreza, cambio climático, soledad, inseguridad, etc.) requieren procesos de fortalecimiento comunitario, entendido -siguiendo a Maritza Montero, una de las pioneras de la Psicología Social Latinoamericana- como el desarrollo conjunto de capacidades y recursos por parte de las comunidades para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida para lograr transformar su entorno según sus necesidades y aspiraciones.
Si reconocemos la importancia de los espacios públicos como garantes de la vida en común y del ejercicio de la ciudadanía, se requieren no solo espacios físicos pertinentes y de calidad, sino también comunidades organizadas y motivadas que puedan apropiarse democráticamente de las plazas y convertirlas en lugares donde transformar, colectivamente, su entorno y sus condiciones de vida. Esto requiere tiempo y recursos, realizando proyectos tan diversos como facilitar la formalización de organizaciones comunitarias que puedan vehiculizar las demandas de la comunidad, o acompañar la organización de celebraciones significativas en los espacios públicos barriales. Aunque sea más complejo de visualizar como resultado concreto de una inversión, es lo que con el tiempo permitirá reivindicar las ciudades como parte de la solución y no del problema.
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