La ley que nos obliga a mirar el futuro
Este lunes se promulga la Ley de Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Después de años de tramitación, Chile contará con un marco legal que reconoce derechos, orienta políticas públicas y establece principios para abordar el envejecimiento desde una perspectiva más amplia e integral. Sin duda es una buena noticia. Sin embargo, su principal importancia quizás no radique únicamente en las normas que incorpora, sino en la realidad que nos obliga a reconocer.
Durante las últimas semanas gran parte del debate público se ha concentrado en la crisis de natalidad. No es para menos. Chile registra una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo y el número de nacimientos ha disminuido de manera acelerada. La preocupación es legítima y exige respuestas. Pero también conviene recordar algo que a veces se pierde en la discusión: la baja natalidad no es un fenómeno reciente. Nuestro país dejó atrás la tasa de reemplazo hace varias décadas. Lo nuevo no es la tendencia. Lo nuevo es la magnitud que ha alcanzado y la velocidad con que se profundiza.
Las propuestas para enfrentar este escenario también merecen una discusión seria. La evidencia internacional muestra que no existen soluciones simples ni fórmulas mágicas. Los incentivos económicos aislados, los bonos por nacimiento o las ayudas puntuales pueden generar efectos limitados o transitorios, pero no han demostrado capacidad para revertir de manera sostenida las tendencias demográficas observadas en las sociedades desarrolladas. Los países que han logrado mejores resultados son aquellos que han construido ecosistemas más amplios de apoyo a la crianza, conciliación laboral, acceso a cuidados, vivienda, estabilidad económica y equidad de género. Si Chile decide avanzar en políticas de natalidad, estas deben basarse en evidencia y no en la reiteración de medidas que otros países ya han demostrado insuficientes.
Sin embargo, incluso si mañana lográramos aumentar significativamente los nacimientos, hay una realidad que no cambiaría: la sociedad longeva ya llegó. Las personas que vivirán hasta los 80, 90 o más años ya están entre nosotros. Los cambios demográficos que observamos hoy son el resultado de procesos acumulados durante décadas y seguirán moldeando nuestro futuro durante muchos años más.
Por eso la discusión de fondo no debería ser únicamente cómo aumentar la natalidad. También debería ser cómo preparar al país para una sociedad donde vivir más tiempo será una experiencia cada vez más común. Y es precisamente ahí donde esta nueva ley adquiere una relevancia estratégica.
Durante demasiado tiempo hemos abordado el envejecimiento como un asunto sectorial, como una política social dirigida a un grupo específico de la población. Pero el envejecimiento dejó hace tiempo de ser un tema de las personas mayores. Hoy constituye una transformación estructural que atraviesa la economía, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación, el transporte, la planificación urbana y los sistemas de cuidado.
La pregunta ya no es si Chile envejece. Esa discusión terminó. Chile ya es una sociedad envejecida y avanza rápidamente hacia una sociedad longeva. La verdadera pregunta es si estamos preparados para vivir en ella.
Porque una sociedad longeva no se construye únicamente con más prestaciones o programas. Exige repensar ciudades diseñadas para poblaciones más jóvenes. Exige sistemas de salud preparados para trayectorias largas de vida y no solo para responder a enfermedades agudas. Exige nuevas formas de habitar, trabajar, aprender y participar. Exige servicios de cuidado, estrategias para enfrentar la soledad, tecnologías que favorezcan la autonomía y oportunidades para que las personas continúen desarrollando proyectos vitales durante décadas adicionales.
La longevidad suele presentarse como una amenaza. Se habla de costos, dependencia y presión sobre los sistemas públicos. Pero esa mirada omite una parte esencial de la historia. Vivimos más porque hemos progresado. Vivimos más porque disminuyó la mortalidad infantil, porque avanzó la medicina, porque mejoraron las condiciones sanitarias y porque las sociedades fueron capaces de proteger mejor la vida. La longevidad es, en realidad, una de las mayores conquistas de la humanidad.
El desafío consiste en transformar esa conquista en bienestar y desarrollo. Las personas mayores no son únicamente destinatarias de políticas públicas. Son trabajadoras, emprendedoras, cuidadoras, consumidoras, voluntarias, dirigentes sociales y portadoras de experiencia. Constituyen además uno de los grandes motores de la llamada economía plateada, que en distintas regiones del mundo está impulsando innovación en salud, vivienda, tecnología, servicios financieros, turismo y educación.
Por eso esta ley será realmente trascendente si nos ayuda a cambiar la pregunta. Si dejamos de preguntarnos únicamente cómo administrar las consecuencias del envejecimiento y comenzamos a preguntarnos cómo planificar una sociedad longeva. Porque administrar supone reaccionar frente a problemas; planificar implica reconocer una nueva realidad y construir el futuro a partir de ella.
La promulgación de esta ley representa una oportunidad para dar ese paso. No porque resuelva por sí sola los desafíos que vienen, sino porque instala una señal importante: la necesidad de mirar el país desde una nueva perspectiva demográfica.
Durante gran parte del siglo XX el desafío fue agregar años a la vida. El siglo XXI nos enfrenta a una tarea distinta y quizás más compleja: agregar vida a esos años y construir instituciones capaces de acompañar una existencia cada vez más larga.
En esa tarea no están involucradas solamente las personas mayores. Está involucrado el país completo. Porque la longevidad no es el futuro de unos pocos. Es el futuro compartido de la sociedad que estamos llegando a ser.