¿Cómo se mejora en medio del caos? La ilusión del progreso y el vacío de la seguridad
Hace poco más de cuatro meses, el pulso del país latía bajo una sola y rotunda urgencia: la seguridad pública. Hoy, sin embargo, el debate parece haber mudado de piel con rapidez asombrosa, cediendo el podio de las preocupaciones ciudadanas a los asfixiantes problemas económicos que golpean a las familias más vulnerables. Pero no nos engañemos; esta mutación de la agenda no responde a una pacificación del territorio. Mientras los hechos delictuales continúan al alza y la percepción de temor gana terreno en cada barrio, asistimos a la desconcertante escena de autoridades celebrando supuestas mejoras. La pregunta legítima que la comunidad se plantea en la mesa es tan cruda como necesaria: ¿Cómo se puede construir progreso en medio de un caos de inseguridad?
A estas alturas del partido, resulta incomprensible la inacción de un oficialismo que en campaña prometió el cielo y la tierra. Muchos de quienes hoy detentan cuotas de poder hicieron gala de consignas grandilocuentes como el "Plan Implacable" o la "cuenta regresiva" para la expulsión de migrantes, sembrando promesas ante la mirada atenta de millones de chilenos que vieron en sus propuestas una real alternativa de esperanza. Sin embargo, al cruzar el umbral del palacio de gobierno, el desencanto fue inmediato: no había plan real. En una paradoja del destino, tuvieron que reconocer y abrazar el plan del presidente Gabriel Boric, que al ser una política de Estado diseñada a seis años, requería continuidad y no refundaciones de cartón.
Lo hemos dicho una y otra vez: la seguridad no aguanta más trincheras ni oportunismos mediáticos. Es un derecho y, como tal, debe ser abordado desde un acuerdo nacional transversal que deje de lado la miopía de las ventajas de corto plazo. La realidad nos golpea el rostro con fuerza. El andamiaje institucional tradicional -nutrido por Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Fiscalía y el propio Ministerio de Seguridad- simplemente no da abasto. Se encuentra sobrepasado ante una criminalidad que cambió de escala: el crimen organizado, el sicariato importado y la sofisticación de los delitos informáticos exigen recursos y, sobre todo, competencias técnicas con las que nuestras instituciones hoy no cuentan en la medida requerida.
En este escenario de carencias, la incertidumbre se traslada de forma peligrosa al ámbito local. Seguimos esperando los reglamentos que den vida a la nueva ley de seguridad municipal, mientras en el intertanto se profundiza una brecha comunicacional y política de alto riesgo. Con excesiva frecuencia, el debate público tiende a depositar la responsabilidad de la paz social sobre los hombros de los gobiernos locales. Si bien es cierto que el municipio representa la primera puerta de entrada al Estado y la autoridad más cercana al vecino, es un error conceptual -y una injusticia operativa- pretender que la seguridad de las personas dependa de la gestión local.
Esta preocupante transferencia de culpas le regala al Ejecutivo un cómodo margen de maniobra para desviar la mirada y ocuparse de otros temas, descuidando el núcleo de su mandato constitucional. En los últimos años, la respuesta recurrente de nuestro sistema político ha sido un desfile de proyectos legislativos reactivos: leyes contra el vandalismo escolar o iniciativas que asumen, con una ingenuidad alarmante, que a mayor sanción habrá menor delito. Esta aproximación punitiva básica ha fracasado sistemáticamente en todo el planeta.
Al final del día, lo que queda es un diagnóstico amargo: la seguridad de los ciudadanos sigue secuestrada por el color político del gobierno de turno. Y aunque bajo la administración del presidente Boric se logró avanzar de manera inédita en robustecer el marco legislativo y dotar de herramientas al Estado, la percepción de inseguridad sigue disparándose. Un misterio que solo se explica cuando entendemos que las leyes no bastan si la presencia protectora del Estado no se siente, de manera real y cotidiana, en las calles de nuestro país.