La autoderrota de las coaliciones democráticas
Políticos mínimamente cultos deberían advertir tres tensiones antes de entregarse al lenguaje de la demolición total. La primera es el choque inevitable entre la positivización de los derechos fundamentales y su cumplimiento efectivo. La segunda es el paso desde una sociedad organizada en torno a necesidades relativamente delimitables hacia una sociedad de deseos expansivos, móviles y crecientemente ilimitados. La tercera es el efecto devastador que se produce cuando una democracia acostumbrada a legitimar su desempeño mediante crecimiento, consumo y movilidad social enfrenta una década larga de bajo crecimiento, endeudamiento familiar y expectativas frustradas.
Son tres problemas distintos, pero se potencian entre sí. Cuando se los administra con irreflexión verbal, la política democrática empieza a trabajar contra sí misma.
Habermas vio con enorme claridad el primer punto. Las democracias constitucionales modernas viven de la fuerza de la ley, del procedimiento electoral y también de una promesa normativa. Reconocen derechos, los escriben en constituciones, tratados y leyes, y con ello elevan el umbral de expectativas legítimas de los ciudadanos. Ese reconocimiento es una conquista civilizatoria. Pero trae consigo una tensión interna. Todo derecho positivizado genera una expectativa de cumplimiento, y todo cumplimiento institucional es siempre parcial, gradual, conflictivo y defectuoso.
Entre la promesa jurídica y la realización social hay distancia. Esa distancia puede ser procesada democráticamente mediante deliberación, políticas públicas, prioridades fiscales, reformas institucionales y paciencia cívica. También puede ser explotada demagógicamente. La operación es conocida. El déficit de cumplimiento se presenta como traición; la insuficiencia estatal, como estafa moral; cada problema público, como prueba de una ilegitimidad completa del orden político.
Ahí nace una política de la decepción organizada. La democracia promete derechos, pero la irreflexión política transforma la distancia entre norma y realidad en acusación permanente contra todo el sistema. Lo que era una tensión constitutiva de las democracias constitucionales pasa a ser tratado como fraude. Esa operación puede rendir electoralmente por un tiempo, pero erosiona las bases mismas de la representación.
El segundo problema fue advertido tempranamente por Daniel Bell en Las contradicciones culturales del capitalismo. Bell entendió que el capitalismo avanzado produce bienes, servicios, prosperidad, deseos, estilos de vida, expectativas de autorrealización y demandas simbólicas que desbordan el antiguo horizonte de las necesidades. La sociedad moderna ya no se ordena únicamente alrededor de carencias materiales básicas. Se organiza crecientemente alrededor de aspiraciones comparativas, consumo diferenciado, reconocimiento, identidad, estatus, bienestar subjetivo y promesas de plenitud personal.
Eso tiene consecuencias políticas enormes. Una sociedad de necesidades podía discutir, al menos en parte, sobre mínimos compartidos. Vivienda, salud, educación, trabajo, seguridad social. Una sociedad de deseos multiplica los reclamos y vuelve más inestable la satisfacción. Cuando una demanda se cumple, aparece otra. Cuando se alcanza un estándar, surge una nueva comparación. Cuando mejora el ingreso, aumenta la expectativa de consumo. Cuando se expanden derechos, se amplía también el campo de lo que se considera intolerable.
La modernización no pacifica automáticamente a una sociedad. Puede volverla más exigente, más impaciente y más sensible a la frustración. El progreso, cuando no se interpreta políticamente, puede terminar produciendo rabia. La expansión de oportunidades puede generar gratitud durante un tiempo, pero también puede producir irritación cuando las expectativas corren más rápido que las instituciones.
El tercer problema es chileno y tiene una fuerza explosiva. Durante décadas, parte importante de la legitimidad democrática descansó en resultados. Crecimiento, reducción de la pobreza, expansión del consumo, acceso al crédito, incorporación de sectores populares que habían dejado atrás la pobreza, expansión de sectores medios emergentes, aumento de cobertura educacional, vivienda, bienes durables y movilidad social. Ese proceso tuvo déficits, desigualdades y zonas oscuras. Pero también produjo una transformación material enorme.
El problema aparece cuando ese mecanismo se agota. Si la integración vía consumo se sostiene en parte relevante sobre deuda, y si además el crecimiento cae por un periodo prolongado, la legitimidad por resultado queda expuesta. El ciudadano que ayer se sintió incorporado empieza a sentirse atrapado. Tiene más educación, más información, más derechos declarados, más deudas, más comparación social y menos confianza en que el futuro será mejor. Esa combinación es una bomba atómica para la legitimidad democrática.
Estas tres tensiones operan hoy dentro de un ecosistema comunicacional completamente distinto. La política democrática ya no procesa la frustración ciudadana principalmente a través de partidos fuertes, prensa jerarquizada, deliberación parlamentaria o liderazgos con capacidad pedagógica. La procesa crecientemente a través de redes sociales, fragmentación informativa, indignación instantánea y competencia por atención. Ese cambio estructural acelera la decepción, la moraliza y la convierte en combustible disponible para la demagogia.
Las redes sociales favorecen la simplificación, la sospecha, el insulto, la denuncia total y la recompensa emocional inmediata. La política democrática necesita tiempo, mediación, explicación, memoria y responsabilidad. El nuevo ecosistema comunicacional premia velocidad, exageración, enemistad y puesta en escena. En ese ambiente, la frase apocalíptica circula más que el diagnóstico serio. La acusación absoluta obtiene más atención que la reforma posible. La consigna viaja mejor que el argumento.
Chile vivió precisamente esa combinación. La Concertación, que había conducido la etapa más exitosa de modernización democrática de la historia republicana reciente, terminó aceptando demasiadas veces el lenguaje de sus propios acusadores. En lugar de defender con serenidad crítica lo realizado y reconocer con precisión lo pendiente, parte de su mundo intelectual y político compró la caricatura de que la transición había sido poco menos que una estafa, un pacto de élites, una democracia de baja intensidad, una administración tecnocrática del neoliberalismo.
Durante años no se enfrentó política ni pedagógicamente a quienes proferían fórmulas de alto poder corrosivo. "Chile es el país más desigual del mundo". "No son 30 pesos, son 30 años". "Democracia de baja intensidad". "Administradora del modelo neoliberal". "Neoliberalismo corregido y progresismo moderado". Algunas de esas expresiones contenían problemas reales. Otras eran derechamente falsas o exageradas. Todas contribuyeron, por acumulación, a instalar una lectura profundamente deslegitimadora del ciclo democrático iniciado en 1990.
Los déficits de la transición fueron reales. Hubo desigualdades persistentes, abusos, enclaves institucionales, segregación urbana, concentración económica, precariedades sociales y una modernización muchas veces vivida como intemperie. El error político e intelectual consistió en convertir esos déficits en una impugnación completa de la experiencia democrática. Una crítica reformista y exigente terminó muchas veces convertida en una pedagogía de la deslegitimación.
Ese lenguaje irreflexivo sobre la desigualdad y los déficits de la transición mató moralmente a la Concertación antes de que la mataran electoralmente. Le quitó orgullo histórico, autoridad política y capacidad pedagógica. Le impidió explicar que los avances fueron reales, que los déficits también lo eran, y que una democracia madura se construye corrigiendo sus límites sin demoler su propia biografía.
El problema de ese tipo de lenguaje es que nunca queda bajo control de quienes creen poder usarlo tácticamente. Cuando una fuerza democrática dice durante años que todo lo anterior fue fraude, abuso, cocina o traición, no debe sorprenderse de que otros actores más radicales recojan esa munición y la disparen contra ella. La retórica de la ilegitimidad total termina favoreciendo a los destructores antes que a los reformistas.
La misma advertencia vale hoy para Chile Vamos. Si la derecha democrática se compra las simplezas de la derecha radical, terminará debilitándose a sí misma. Decir que Chile está en quiebra, que todo es emergencia, que todo es decadencia, que todo está tomado, que todo debe ser refundado desde la lógica del castigo, puede parecer eficaz como consigna de oposición o como épica de campaña. Pero esas frases tienen costo institucional. Alimentan exactamente a los partidos desafiantes que buscan desplazar a los partidos tradicionales de la derecha.
En ese terreno, una coalición democrática que adopta el lenguaje de quienes la consideran cobarde, vendida o cómplice rara vez logra domesticarlos. Más bien valida su diagnóstico y queda reducida a una versión moderada de la acusación ajena. Si acepta discutir bajo el repertorio de la derecha radical, entre la "derechita cobarde", la "derecha valiente", los "tibios", los "entreguistas", el "país en quiebra" y el "gobierno de emergencia", terminará entregando a sus adversarios internos el vocabulario de su propia derrota.
Ese es el punto central. Las coaliciones democráticas pueden y deben corregirse. Pueden renovar liderazgos, revisar programas, reconocer errores, hacerse cargo de nuevas demandas y fortalecer su capacidad de gobierno. Su problema comienza cuando aceptan el encuadre de fuerzas que operan desde una lógica de ruptura. Una coalición que acepta definirse con categorías diseñadas por sus adversarios ya empezó a perder antes de competir.
El desafío de una política adulta consiste en decir la verdad completa. Chile tiene desigualdades persistentes, abusos, déficits estatales, problemas de seguridad, estancamiento económico y frustración social. También conserva una trayectoria democrática reciente que resulta imposible reducir a una farsa. La transición tuvo límites, pero produjo logros gigantescos. El presente tiene problemas graves, pero la retórica de la quiebra general solo sirve a quienes viven de incendiar la casa común.
La política democrática debe recuperar una pedagogía de la complejidad. Debe explicar que los derechos requieren instituciones, que las instituciones requieren tiempo, que el progreso genera nuevas demandas, que el crecimiento importa para la cohesión social, que el consumo financiado con deuda no sustituye una integración robusta, y que la crítica legítima pierde valor cuando se convierte en irreflexión permanente.
La Concertación pagó caro haber permitido que sus adversarios definieran el juicio histórico sobre su obra. Chile Vamos debería aprender de ese error. Una coalición democrática que adopta el lenguaje de sus propios sepultureros solo acelera su desgaste. En política, las palabras no son adornos. Ordenan percepciones, legitiman actores y preparan desenlaces. Y cuando se usan para erosionar los mínimos de confianza democrática, siempre aparece alguien dispuesto a llevar el daño más lejos.