E-Government, ¿una realidad?
En la era digital en la que vivimos, la tecnología ha traspasado la línea funcional para convertirse en un elemento inherente al quehacer diario de las personas. Tanto así, que hoy es sumamente común efectuar tareas básicas como buscar una dirección, realizar pagos o simplemente comunicarse a través de distintos dispositivos y plataformas online.
Chile se ha subido rápido a esta tendencia global, convirtiéndose en un país en el que hay más teléfonos móviles operativos, unos 23 millones, que personas, y donde el 76% de sus habitantes es usuario activo de internet, según cifras de la Séptima Encuesta Nacional de Acceso y Uso de Internet de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
Con tan altos índices de penetración y acceso a la red, es necesario que nuestro país redoble sus esfuerzos en torno al E-Government o gobierno electrónico, considerado por las Naciones Unidas como una de las herramientas clave para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Hace casi una década se firmó en nuestro país la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, que define al E-Government como el uso de las tecnologías de la información en los órganos de la administración pública para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos.
A pesar de mostrar ciertos avances en la materia durante esta década, también es cierto que Chile ha retrocedido los últimos años: mientras en 2014 nos ubicábamos en el puesto 33 el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas, este año caímos nueve posiciones, llegando al lugar 42, detrás de Uruguay y Argentina.
En una sociedad donde los ciudadanos están cada vez más empoderados, su relación con el Estado se ha vuelto bidireccional y las exigencias de transparencias y eficiencia son cada vez más altas. Es fundamental, entonces, que nuestras autoridades le den el valor que corresponde al E-Government y fomenten su desarrollo con más fuerza.
De esta forma mejoraría la relación entre las personas y sus gobiernos, ya que la prestación de servicios públicos sería más accesible, democrática y eficiente, y las instituciones más transparentes y responsables. Asimismo, ayudaría a aumentar la participación en la toma de decisiones.
Las empresas privadas entendieron hace rato este nuevo paradigma y ya llevan tiempo trabajando en su relación digital con los clientes. Industrias como la banca y el sector financiero, donde se realizan millones de transacciones complejas día a día, están dando ejemplo de que avanzar en esta línea sí es posible. Es momento, entonces, de que el sector público saque ventajas competitivas al uso de tecnologías y todo su potencial para conseguir el bien común de nuestra sociedad.
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