Hace muchos años, un reconocido político escribió un libro llamado “La travesía del desierto” (1999). En el, relataba la evolución de una idea política y los aciertos y errores de su puesta en práctica. El epilogo del texto no era alentador, sino más bien la constatación de un fracaso.
La creación del ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación también es parte de un proceso evolutivo. Desde una óptica escéptica, es la constatación del fracaso de CONICYT para impulsar el desarrollo científico y tecnológico chileno durante medio siglo… al menos si comparamos sus resultados con la importancia del rol y la medida del impacto que la ciencia y la tecnología tuvo en las economías y sociedades recientemente desarrolladas.
Este fracaso se expresó fundamentalmente en los porcentajes del PIB dedicados a investigación y desarrollo (I&D) y al impacto de la investigación científica y tecnológica en la educación superior, la economía y la sociedad. Este impacto, es bajo.
Y aunque pueden invocarse múltiples razones para el resultado de las actividades de investigación, la principal es el bajo gasto en I&D por parte del Estado.
Los expertos y comentaristas suelen comparar el gasto en I&D de Chile con el de países desarrollados como Finlandia o Corea. Pero no es necesario.
Según diversas fuentes, bastaría comparar nuestro 0,38% del PIB con el 1,28% de Brasil; el 0,63% de Argentina o el 0,5% de México para saber que el gasto en I&D de Chile es bajo incluso en el contexto latinoamericano. El “líder” de la región - en esta materia - se comporta como un jugador de segunda categoría.
Ahora bien, podemos mejorar. La creación del Ministerio va en la dirección correcta, es algo muy positivo. Pero hay que volver a la carga.
La investigación debe visibilizarse como una fuerza productiva tanto o más importante que el trabajo y el capital en los albores del siglo XXI.
Pienso que hay dos situaciones urgentes para seguir trabajando por la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en el Chile actual.
La primera es el funcionamiento de CONICYT.
Este es un problema y debe ser encarado por el Ejecutivo en la ley de presupuesto. A ese nivel debe enfrentarse, ya que al menos durante aproximadamente un año, CONICYT seguirá siendo la entidad responsable de gran parte de los resultados científicos y tecnológicos del país.
La Comisión no puede seguir funcionando como lo ha hecho hasta ahora. Hay dudas sobre la constitucionalidad de los actos del organismo, de la legalidad de algunos de ellos, de la probidad administrativa y la negligencia de las autoridades involucradas.
Pero de lo que no hay duda, es que su actual funcionamiento ha perjudicado a los investigadores y estudiantes becados. El último incidente afectó a 1.000 becarios. Mil personas. El daño es grande y no es la primera vez que ocurren dificultades de este tipo, sino que se ha convertido en rutina. Esto es inaceptable. CONICYT no puede ser otro SENAME para los beneficiarios que declara servir.
Mientras se celebraba la publicación de la ley de creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, cientos de investigadores y becarios sufrían (y siguen sufriendo) financiera y administrativamente, viendo “cuesta arriba” sus posibilidades de éxito en culminar sus investigaciones o sus estudios de posgrado.
El Estado debe mejorar sustancialmente el funcionamiento de CONICYT, cuyo énfasis en lo administrativo ha terminado por paralizar muchas áreas de trabajo, sin mostrar la creatividad y la necesidad de urgencia necesaria para concretar soluciones que permitan continuar con las líneas de investigación establecidas.
Administrar el aumento del conocimiento y la indispensable transferencia y difusión de éste, definitivamente, no es tarea solo de auditores. Sin duda, esta situación anómala también aqueja a sus funcionarios, debido a la falta de capacitación en las tareas específicas de gestión científica y tecnológica, así como también a la falta de personal para realizar con prolijidad las innumerables tareas que le competen.
Para que la actividad científica sea cada vez mayor y mejor, sus instituciones promotoras y regulatorias deben funcionar. Esto implica más presupuesto para CONICYT. El doble. El momento de la discusión del presupuesto es ahora y la ciencia chilena necesita al menos doblar ese 0,38 del PIB. Esto es realista y es indispensable.
La segunda situación remite al problema de la inserción de científicos al mundo laboral, y el escenario de solución es el Parlamento. Es ineludible darle oportunidad a una ley que proteja el desarrollo y aumento de las vocaciones intelectuales en la población juvenil del país.
Desde hace algunos años, los medios de comunicación, han hecho un gran trabajo por difundir los logros de la ciencia y tecnología nacional e internacional.
El Congreso del Futuro, el programa Explora de CONICYT y la positiva complicidad de algunos medios escritos y audiovisuales han sido la punta del iceberg de esta tendencia. Muchos jóvenes ven su futuro en la ciencia y la tecnología, en la investigación. Por eso, como en Francia, México o Argentina, es necesario dotar al Estado de un instrumento que venga a realizar esa función de protección y desarrollo de talentos científicos y tecnológicos.
Necesitamos una ley, y para ello también es el llamado a aumentar al doble el presupuesto actual, para crear la carrera del Investigador Nacional.
Concretar esa ley resolvería (o al menos mitigaría) el problema de una adecuada inserción de jóvenes investigadores al quehacer científico nacional, permitiendo a las universidades y centros públicos de investigación crear instancias de inclusión rápidas y ya financiadas, para cumplir con sus propósitos institucionales de aumentar el número y el impacto de sus publicaciones, optimizar la formación de recursos humanos altamente calificados mediante sus programas de posgrado y, en general, mejorar la calidad del sistema de educación superior universitaria y el desempeño de los centros públicos de investigación.
Semanas atrás, el portal de Times Higher Education tituló, Chile crea nuevo Ministerio de Ciencia. La noticia agregaba que esta iniciativa tiene por objetivo acelerar la marcha del país hacia la economía del conocimiento. O dicho en bruto, hacia una economía que traiga mayor bienestar a la población.
Es la razón de porqué en el siglo XVIII los reyes de Suecia apoyaron el trabajo de Carl Linnaeus y el motivo por el cual en los siglos XIX y XX el gobierno estadounidense apoyó la investigación agrícola, los franceses la creación de las escuelas politécnicas, los alemanes el desarrollo de la química y es el argumento de los chinos del siglo XXI para experimentar con las tecnologías de fusión nuclear.
Pero no es posible que el mundo de investigadores científicos chilenos contribuya a la economía del país sin que el gobierno encare, entre otros, los dos problemas planteados.
Volviendo al inicio de la columna, como se sabe, el político aludido renació de las cenizas pocos años después. No sólo relanzó su carrera política, sino que fue precandidato presidencial y, aunque perdió las primarias del 2013, hoy ocupa un lugar prominente en el Senado.
Para las personas, es factible esperar algunos años. Para los países no es igual. Esperar solo un par de años significa aumentar la brecha existente y disminuir las posibilidades no sólo de crecer sino que de adaptarse al nuevo mundo que nace.
La ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación deben transformarse ya en una prioridad para Chile. Hay que doblar la apuesta…o sea, doblar el presupuesto 2019 del ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento.
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