Ley de Transferencia Tecnológica: cuando la ciencia genera valor para la sociedad
Hay que admitir que se necesita ser un tipo particular de entusiasta para pasar una mañana entera pegado a la pantalla siguiendo una transmisión en vivo del Congreso. No suena precisamente al panorama más entretenido del mundo, pero hace una semana, muchos de quienes trabajamos en el ecosistema de innovación detuvimos nuestras agendas para ver avanzar el tablero legislativo. Para el ciudadano de a pie, era un trámite burocrático más; para los gestores tecnológicos que vivimos en la trinchera de la ciencia aplicada, esa votación era crucial.
Y es que, por fin, se aprobó la tan comentada Ley de Transferencia Tecnológica en Chile. Sin embargo, para entender su verdadero impacto, lo primero que debemos hacer es abordar un poco mejor su contenido y afinar las expectativas: esta no es una legislación omnicomprensiva ni un código monumental que pretenda regular el fenómeno completo de la transferencia tecnológica. Y qué bueno que no lo sea. Lo que hoy celebramos es, en realidad, el triunfo de la estrategia y el pragmatismo sobre la burocracia abstracta.
La historia de esta ley se remonta más de una década atrás, recibiendo el respaldo de al menos tres gobiernos distintos. Nació desde abajo, empujada por los gestores tecnológicos y profesionales que, en el día a día, intentaban conectar la ciencia con el sector productivo y chocaban, entre otras cosas, contra una muralla de fierro legal.
En su origen se pensó en una gran ley marco; no obstante, durante la segunda administración de Sebastián Piñera, en plena instalación del nuevo Ministerio de Ciencia, se tomó una decisión política clave: en lugar de empantanarse en el diseño de una legislación perfecta que tardaría años en ver la luz, se optó por una cirugía de precisión a nudos críticos muy específicos, y se decidió modificar leyes existentes para abrir caminos cerrados. Esta decisión se mantuvo en el gobierno de Gabriel Boric y finalmente vio la luz con José Antonio Kast.
El nudo más crítico de todos, y desde mi punto de vista el avance más importante de esta norma, aborda un problema endémico de la innovación local: la brecha entre los resultados que produce la academia (ciencia y, a veces, tecnología) y aquello que la inmensa mayoría de la industria local está buscando (productos y servicios terminados). La investigación que sale de nuestras universidades y centros de investigación suele estar en una etapa temprana; no tiene los estándares ni la madurez que la industria exige para comprarla o implementarla. En ese vacío, ni la academia (cuyo foco es investigar) ni la empresa tradicional (que evita riesgos extremos) están dispuestas a invertir.
La mejor herramienta para cruzar esta tierra de nadie son las Empresas de Base Científico-Tecnológica (EBCT) y en particular los spin-offs. Una startup que toma la tecnología de la universidad mediante una licencia y asume la misión de convertirla en un producto o servicio, asumiendo todos los riesgos que ello conlleva. Lo natural en cualquier parte del mundo es que los mismos investigadores que inventaron la tecnología sean los fundadores y principales ejecutivos de estas empresas (al menos en su fase inicial).
Sin embargo, en el ecosistema público chileno esto era una quimera legal. Debido principalmente a normas de probidad administrativa diseñadas para otros contextos, si el contrato entre la universidad pública y la nueva spin-off superaba las 200 UTM, los investigadores no podían tener más del 10% de la propiedad de su propia empresa. Una distorsión absurda, ya que se le pedía al científico que emprendiera y que corriera todos los riesgos, pero la ley le prohibía ser el socio mayoritario de su propia creación.
No solo el desincentivo era total, sino que además causaba problemas en los fondos de inversión de riesgo, que veían con extrañeza (por decirlo amablemente) que quienes desarrollaron la tecnología sobre la que se funda el EBCT no tuvieran una participación mayoritaria, lo que fácilmente se podía interpretar como falta de compromiso.
La nueva ley viene precisamente a crear una excepción quirúrgica a estas normas de probidad. Hoy, los investigadores de universidades y centros públicos finalmente pueden emprender, liderar sus startups y transferir su propia tecnología sin amarras artificiales.
Por supuesto que quedan desafíos pendientes y otros nudos que el tiempo obligará a desatar. Pero el gran mérito de esta ley es haber escuchado a quienes están en la cancha. No se buscó la ley ideal, se buscó la ley útil. Y al destrabar el nudo del 10%, Chile da un gran paso para que la ciencia tenga mayores oportunidades de tener un impacto real en nuestra matriz productiva. Al final del día, aquella mañana frente a la pantalla siguiendo una sesión legislativa aparentemente árida, lo que realmente estábamos viendo era cómo, por fin, se abrían las puertas al emprendimiento de base científica-tecnológica.