El derecho de los niños a crecer fuera del algoritmo
Durante décadas enseñamos a nuestros hijos a mirar hacia ambos lados antes de cruzar una calle. Les advertimos que no hablaran con desconocidos y que evitaran los lugares peligrosos. Hoy, sin embargo, el mayor riesgo muchas veces no está afuera de la casa, sino dentro de ella, escondido detrás de una pantalla que llevamos en el bolsillo.
La revolución digital ha transformado nuestra forma de comunicarnos, aprender y relacionarnos. Sería absurdo desconocer los enormes beneficios que la tecnología ha traído a nuestras vidas. Pero también sería irresponsable ignorar que las redes sociales fueron diseñadas bajo una lógica muy distinta a la del bienestar infantil: captar atención, prolongar el tiempo de uso y convertir cada interacción en información útil para alimentar algoritmos y vender publicidad.
Por eso, cuando hablamos de menores de edad, la discusión ya no puede reducirse a si estamos "a favor" o "en contra" de las redes sociales. La verdadera pregunta es otra: ¿Tienen nuestros niños el derecho a crecer antes de ser moldeados por algoritmos cuyo único objetivo es mantenerlos conectados? Creo que sí.
Y precisamente por eso celebro que Chile haya comenzado, por fin, un debate serio sobre la regulación del acceso de niños y adolescentes a las redes sociales. Las cifras son difíciles de ignorar. En nuestro país, uno de cada dos niños utiliza dispositivos tecnológicos antes de los siete años. Más de la mitad de los adolescentes pasa al menos tres horas diarias en redes sociales y un porcentaje importante continúa utilizando el teléfono incluso después de acostarse. Esa exposición permanente no es inocua: afecta el descanso, la concentración, el rendimiento escolar y, cada vez con mayor evidencia, la salud mental de niños y adolescentes.
Pero quizás la consecuencia más dolorosa sea otra. El ciberbullying cambió para siempre la forma en que entendíamos el acoso escolar. Antes, un niño que sufría bullying podía encontrar cierta tranquilidad al regresar a su casa. Hoy esa agresión continúa las 24 horas del día. Un comentario humillante, una fotografía difundida sin consentimiento o un video viral pueden perseguir a un adolescente durante meses, incluso años.
Las redes sociales también han facilitado la exposición de menores a contenidos violentos, sexualizados, comunidades que promueven trastornos alimentarios, autolesiones o desafíos extremadamente peligrosos. Todo ello amplificado por algoritmos que premian aquello que genera más interacción, aunque produzca más daño.
No estamos frente a un problema de disciplina familiar. Estamos frente a un problema de diseño tecnológico. Y el mundo ya comenzó a reaccionar.
Australia decidió restringir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, trasladando la responsabilidad a las plataformas digitales. Francia avanza en restricciones para menores de 15 años. España discute elevar la edad mínima y distintos países europeos están fortaleciendo los mecanismos de verificación de edad, control parental y protección de datos. La conclusión parece compartida: la infancia merece una protección especial también en el entorno digital.
Chile no puede quedarse atrás. El proyecto que hoy se discute en el Congreso propone impedir el acceso a redes sociales para menores de 14 años y exigir autorización parental entre los 14 y 16 años, junto con establecer mecanismos efectivos de verificación de edad y responsabilidades para las plataformas. Me parece un paso en la dirección correcta.
Sin embargo, existe un aspecto que merece un debate aún más profundo. ¿Cómo verificaremos la edad sin poner en riesgo la privacidad de millones de personas? Una alternativa que inevitablemente aparecerá es utilizar la ClaveÚnica como mecanismo de validación. La idea resulta atractiva porque permitiría confirmar la edad de un usuario de manera rápida y confiable. Pero también abre una discusión que no podemos eludir.
No sería aceptable que, bajo el argumento de proteger a los menores, termináramos entregando a empresas tecnológicas internacionales información sensible sobre la identidad de los ciudadanos. Una cosa es acreditar que alguien tiene la edad suficiente para acceder a una plataforma. Muy distinta es compartir su RUT, su identidad civil o permitir que esa información quede vinculada a perfiles digitales administrados desde el extranjero.
La protección de la infancia no puede construirse a costa de debilitar el derecho a la privacidad. Por eso, si Chile decide avanzar utilizando herramientas estatales como ClaveÚnica, debe hacerlo siguiendo las mejores prácticas internacionales: validar únicamente la mayoría de edad o el rango etario requerido, sin revelar la identidad del usuario ni permitir que las plataformas almacenen información que no necesitan conocer. La tecnología ya permite hacerlo; ahora corresponde que la política tenga la capacidad de exigirlo.
Pero sería un error creer que todo termina con una ley. Ninguna regulación reemplazará el rol de las familias. Ningún sistema de verificación sustituirá la conversación entre padres e hijos. Ninguna plataforma podrá enseñar criterio, empatía o responsabilidad.
Las escuelas también deben recuperar espacios libres de teléfonos; las empresas tecnológicas tienen que asumir responsabilidades reales respecto de los algoritmos que diseñan; y el Estado debe comprender que la alfabetización digital será tan importante como aprender a leer o escribir.
Esta discusión no es un enfrentamiento entre tecnología y libertad. Es una conversación sobre infancia, dignidad y desarrollo humano. Los niños tienen derecho a aprender, a equivocarse, a construir su personalidad y a relacionarse con otros sin que cada una de sus emociones sea procesada por un algoritmo cuyo propósito es mantenerlos conectados el mayor tiempo posible.
Porque crecer debería significar descubrir el mundo a través de la familia, los amigos, el deporte, la lectura y la escuela; no hacerlo bajo la lógica de plataformas que transforman la atención de nuestros hijos. Si realmente creemos que la infancia merece una protección especial, entonces también debemos reconocer algo que durante demasiado tiempo ignoramos: los niños tienen derecho a crecer fuera del algoritmo.