¿Quiénes deciden el futuro de la inteligencia artificial?
La irrupción de la inteligencia artificial constituye uno de los procesos de transformación tecnológica más relevantes de nuestro tiempo. Sus aplicaciones ya comienzan a impactar en la investigación científica, los sistemas de salud, la educación, la producción industrial y la forma en que accedemos a la información. Sin embargo, detrás de los avances tecnológicos existe una pregunta mucho más profunda que suele quedar fuera del debate público: ¿Quiénes deciden el futuro de la inteligencia artificial?
Con frecuencia, la discusión sobre la inteligencia artificial se reduce a los algoritmos, la capacidad de cómputo o la automatización. Sin embargo, la IA constituye mucho más que una herramienta tecnológica: se ha transformado en una infraestructura estratégica para la producción de conocimiento, la toma de decisiones y la organización de la vida económica y social. Como ocurrió con la electricidad o con Internet, su desarrollo influirá cada vez más en la distribución del poder y de las oportunidades. Por ello, las preguntas centrales no son solo qué tecnologías pueden desarrollarse, sino también para qué fines se utilizan, quiénes controlan los datos y las plataformas, quiénes acceden a sus beneficios y qué mecanismos democráticos orientan su gobernanza.
En el fondo, la discusión sobre la inteligencia artificial también es una discusión sobre el desarrollo. Se trata de decidir si estas tecnologías profundizarán las desigualdades existentes o contribuirán a construir economías más diversificadas, sociedades más inclusivas y Estados con mayores capacidades para responder a las necesidades de sus ciudadanos.
Para países como Chile, el desafío no consiste simplemente en adoptar tecnologías desarrolladas en otros lugares o en introducir plataformas en los procesos de gestión. La verdadera pregunta es cómo construir capacidades científicas, tecnológicas e institucionales propias que permitan participar activamente en la creación, adaptación y regulación de estas herramientas. De lo contrario, corremos el riesgo de reproducir nuevas formas de dependencia tecnológica en un mundo cada vez más gobernado por datos y algoritmos.
Existe una profunda contradicción entre quienes aspiran a que Chile mejore sus tasas de crecimiento, participe de la revolución digital, incorpore inteligencia artificial y avance hacia una economía basada en el conocimiento, pero, a la vez, debilitan las instituciones que lo hacen posible. La ciencia y el conocimiento no son un resultado automático del desarrollo; son una condición para hacerlo posible y constituyen una construcción colectiva que requiere financiamiento estable, formación avanzada, infraestructura y confianza pública. Cuando un país desmantela o debilita su sistema científico, no solo pierde investigadores y proyectos, sino también la capacidad de comprender su realidad, de generar soluciones propias y de ejercer soberanía en las decisiones estratégicas para su futuro. El resultado suele ser una mayor dependencia de tecnologías, conocimientos y decisiones provenientes de otros lugares.
La experiencia reciente ofrece lecciones importantes. Durante la pandemia de Covid-19, quedó en evidencia la relevancia estratégica de contar con universidades, centros de investigación y sistemas científicos capaces de responder a emergencias. Las capacidades nacionales en diagnóstico, modelamiento epidemiológico, análisis de datos y ensayos clínicos contribuyeron de manera significativa a la gestión de la crisis sanitaria. Los países no improvisan capacidades científicas en medio de una emergencia; las construyen durante décadas mediante inversión sostenida, formación avanzada e instituciones robustas. Aquello demostró que la ciencia no es un lujo reservado a los países del primer mundo.
La inteligencia artificial plantea hoy un desafío similar. Su desarrollo requiere infraestructura tecnológica, talento humano, instituciones sólidas y una visión a largo plazo. Pero también exige una reflexión ética y democrática. Los sistemas algorítmicos pueden reproducir desigualdades existentes, amplificar sesgos y concentrar el poder en un reducido número de actores corporativos y tecnológicos con capacidad de influir cada vez más en la economía, la información y la toma de decisiones. Por ello, la discusión sobre la IA no puede limitarse a la eficiencia económica ni a la competitividad productiva.
Necesitamos preguntarnos qué tipo de desarrollo queremos promover. Si concebimos la ciencia y la tecnología únicamente como herramientas para aumentar la productividad, probablemente profundizaremos en muchas de las brechas que ya existen. Si, por el contrario, entendemos el conocimiento como un bien público y un derecho social, la inteligencia artificial puede transformarse en una herramienta para ampliar las oportunidades, mejorar los servicios públicos y fortalecer el desarrollo humano.
Esta discusión adquiere especial relevancia para América Latina. La región enfrenta importantes desafíos en infraestructura tecnológica, formación avanzada e inversión en investigación y desarrollo. Ningún país podrá resolver estas limitaciones por sí solo. Por ello, la cooperación internacional y la integración regional deben ocupar un lugar central en las estrategias de desarrollo tecnológico del futuro.
La historia demuestra que las grandes transformaciones tecnológicas nunca son neutras. Siempre expresan decisiones sobre prioridades, valores e intereses. La inteligencia artificial no será una excepción. Por eso, la pregunta más importante no es qué puede hacer la inteligencia artificial. La verdadera pregunta es qué sociedades queremos construir con ella. La tecnología, por sí sola, no garantiza el progreso. Son las decisiones colectivas, las instituciones democráticas y la capacidad de orientar el conocimiento hacia el bien común las que determinarán si esta nueva revolución tecnológica amplía las oportunidades o profundiza las desigualdades.