A propósito de bingos y financiamiento de la educación municipal

“Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene gotera, o una sala de clases que tiene el piso malo… Y yo me pregunto, ¿y por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio?”.

Con estas palabras, el ministro de Educación, Gerardo Varela, nos ha motivado a clarificar con fundamentos, la forma en la cual se han administrado y mantenido los establecimientos educacionales públicos en los últimos 35 años, desde que se "municipalizara" la educación pública a comienzos de los 80.

La  situación del financiamiento municipal es siempre compleja, más aún, si nos focalizamos en el presupuesto destinado por las corporaciones comunales para sostener la educación pública. Un ejemplo de aquello, son las transferencias financieras que el MINEDUC realiza a los municipios para mantención de la infraestructura, las que en porcentaje, no superarían el 1% de las mismas.

Según las cifras que consigna el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), que administra la SUBDERE, en el año 2017, los Municipios destinaron más de $193 mil millones de pesos de sus presupuestos para dar viabilidad al sistema de educación municipal.

Esto lleva a las municipalidades a redestinar recursos propios, los cuales podrían haber sido utilizados en avances urbanos y sociales - y no para sostener un modelo educativo - que ha entrado en una crisis de manera directa o indirecta, y que han debido sostener los municipios.

En la práctica, el promedio de aportes comunales a la administración de la educación pública alcanzó la suma de $568 millones de pesos, donde 141 municipios realizaron aportes que están sobre el promedio nacional.

Si advertimos distintos años, tenemos que el aporte municipal al sector educación muestra la siguiente evolución en los últimos tres años: el 2015 fue de $203.000 millones; el 2016 ascendió a la suma de $192.000 millones y el 2017 fueron $193.000 millones. Este cuadro muestra que, si bien los números revelan una tendencia a la baja, durante todo este tiempo, las municipalidades han debido hacer millonarios esfuerzos por dar sustento financiero  al sistema educativo público.

Y cuando nos preguntamos cómo han sido los aportes municipales en cada una de sus regiones en el año 2017, las estadísticas indican que, en el caso de la Región Metropolitana, el aporte municipal de las comunas totalizó la suma de $94.000 millones de pesos, siendo la comuna de Santiago la que encabezó el ranking, aportando $17.000 millones de pesos, a la cual le siguen Las Condes con $11.000 millones; Puente Alto con $6.000 millones; La Florida con $6.000 millones y Providencia con $4.500 millones.

En la región de Arica y Parinacota, en tanto, Arica es la que más aporta con $ 733 millones; en la región de Tarapacá la encabeza Pica con un aporte de $ 412 millones; en la región de Antofagasta, la comuna de Antofagasta aporta $ 5.137 millones; en la región de Atacama, Tierra Amarilla aportó $ 472 millones; en la región de Coquimbo, la comuna de Coquimbo aportó $1.110 millones; en la región de Valparaíso, Viña del Mar aportó $ 4.572 millones, y así podemos seguir entregando datos concretos.

Con estas cifras  queda claro que las cosas no se resuelven con bingos.

En promedio, cada municipio del país debe destinar anualmente, a lo menos, el 5% de su presupuesto disponible para subsidiar al sistema educativo, lo que significa, muchas veces, que la priorización de los recursos financieros lleva a las autoridades municipales a dejar de impulsar otras inversiones  para poder cubrir este déficit que se genera porque la subvención escolar no alcanza .

Hay comunas como La Cruz, El Monte y Torres del Paine que van mucho más allá, y destinan en promedio casi el 25% de su presupuesto para financiar la educación municipal.

Durante décadas, las municipalidades han hecho su trabajo con múltiples dificultades y precariedades. Por lo mismo, el ministro de Educación, al plantear que se deben hacer bingos para costear gastos de mantención y reparación de establecimientos educacionales, nos permite reafirmar que el problema es estructural y que tiene que ver con el bajo aporte que hace el Estado a la educación de los niños y niñas a través de la subvención escolar, situación que llevamos años puntualizando.

Esta coyuntura mediática debe ser una oportunidad para incrementar los fondos de mantenimiento y realizar un catastro nacional que permita caracterizar los tipos de reparaciones que los establecimientos municipales requieren, lo que debe ser la base para cuantificar los recursos financieros necesarios y proveerlos, pero no en una lógica de "fondos concursables", ya que no es propio de un país en vías de desarrollo financiar la educación apostando al azar o a una tómbola.

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