Cien días de pandemia y el rostro de la soberbia

Maximiliano Ríos

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A cien días de la pandemia de COVID-19 se vive con preocupación el errático manejo de datos de víctimas afectadas y fallecidas que, a diario, proporciona la autoridad sanitaria, tomando en cuenta que aún no se ha producido el peak de contagios y cuando, dramáticamente, la capacidad de camas críticas en todos los centros hospitalarios del país se encuentra al límite.

La autoridad debe comprender de una vez por todas que los constantes cambios de metodología para abordar la pandemia, especialmente los referidos a las estadísticas, no sólo generan temor, sino angustia e incertidumbre en la ciudadanía, especialmente en los barrios vulnerables, donde diariamente, muchas familias viven a la expectativa de cuáles serán sus oportunidades de sobrevivencia.

Como autoridad no visualizamos aún políticas y estrategias que permitan abordar esta pandemia con el conocimiento de la calle, de los barrios, del mundo de la academia y del mundo científico; de los gremios y los gobiernos locales, para disponer de herramientas que permitan ir en auxilio no sólo de los más desposeídos, sino también de aquellas familias que, siendo de clase media, han sido golpeadas por los efectos de la profunda crisis que hace rato viene declarándose, sin que la autoridad ejecutiva haya manifestado tenerla en cuenta como prioridad política.

Es cierto que nadie tiene las soluciones mágicas para superar esta tragedia sanitaria, económica y social, pero en lo concreto es imperativo redoblar los esfuerzos, para alcanzar ese entendimiento general que se hace hoy más urgente que nunca, como una manera de evitar que los mejores esfuerzos se pierdan, afectados por políticas de escasa integridad.

Desde luego, parece insólito que hoy cientos de municipalidades, a lo largo del país, estén abocadas a entregar cajas de mercadería por cerca de 30 días, en el peor momento de la pandemia y que el Gobierno, con el slogan “Alimentos para Chile”, no descarta realizar una segunda entrega, cuando comienzan a surgir indicios de ciertos movimientos de interés que vendrían a agravar aún más la situación de los pobladores, la mayoría sin dinero y sin posibilidad alguna de reunir el sustento diario para los suyos.

Como es lógico, la iniciativa cuenta con la aprobación de la gran mayoría de los pobladores, producto de la desesperación y por no tener alternativas para alimentar a sus familias en medio del confinamiento que ya se prolonga por más de un mes, sin que se hayan adoptado medidas paliativas oportunas, para evitar estas angustias.

Está claro que los municipios están desatendiendo la pandemia,  al centrar sus mayores esfuerzos en ayudar al gobierno a cumplir su meta en la distribución de cajas de alimentos.

Como consecuencia de esto, sus plantas de funcionarios se han visto disminuidas por el confinamiento de su personal de mayor riesgo, y por los inevitables contagios de COVID-19 que necesariamente provoca ese proceso durante las entregas casa a casa. No hay que olvidar que las tareas centrales de los gobiernos locales son los de atender aspectos sanitarios, necesidades económicas y sociales de sus comunidades, en especial de los grupos y familias más vulnerables.

Es bueno enfatizar que los municipios han soportado esta histórica crisis sanitaria con las herramientas  y recursos que les permiten sus respectivos presupuestos que, en el caso particular de Lo Prado, ya se había visto afectado desde el Estallido social, y que se agudizó seriamente con el inicio de la pandemia.

Pese a las dificultades comunes a todos los municipios de escasos recursos, cuando la autoridad de salud lo consideró - tardíamente a nuestro juicio - las alcaldías ya habían dispuesto, desde el primer momento, implementar a través de la Atención Primaria de la Salud municipalizada, cada una de las medidas solicitadas para luchar contra la pandemia con una visión territorial: toma de exámenes de casos sospechosos de coronavirus, seguimiento de los contagiados; traslado de pacientes, entrega de medicamentos, acompañamiento a los adultos mayores y pacientes crónicos, quienes fueron los primeros en ponerse a resguardo, cumpliendo un riguroso confinamiento.

Sin embargo, una información fundamental para consolidar el monitoreo de personas infectadas, como es la obtenida a través de los exámenes PCR, claves para desplegar equipo humano y recursos, se vio afectada por la tardía entrega de sus resultados, lo que ha generado una serie de inconvenientes asociados a la prolongada calidad de potencial positivo y contagiante, de quien como buen paciente, espera a veces hasta por más de 25 días para saber si es positivo o negativo, tiempo que va más allá de los catorce días modulados por la OMS.

Esta espera puede provocar serias complicaciones de salud en el intervalo, incluso la muerte, incomprensibles problemas laborales por la ineficiencia del sistema, y un daño irreparable a la salud mental, entre otras calamidades propias de nuestra población.

Esto nos lleva a pensar que uno de los próximos anuncios de la autoridad sanitaria debería apuntar a reconocer, de una vez por todas, que al menos el 50% de los exámenes con resultados pendientes son positivos.

Acción que aumentaría una vez más los contagiados a nivel nacional, sincerando nuevamente las estadísticas, lo que no sería nada sorpresivo, dados los constantes cambios de metodología de la autoridad sanitaria.

Caso similar ocurre con las residencias sanitarias que, en un primer momento, serían destinadas para los pacientes positivos; sin embargo, la cruda realidad que desnuda esta pandemia, obliga a considerar desde ahora a los contactos directos, quienes también podrían ingresar a confinamiento preventivo en dichos recintos. Una evidencia más de la cruda realidad del Chile que para muchos estuvo invisibilizada por años, con un sistema que generó pobreza, hacinamiento y desigualdad.

Por eso, es urgente que, las medidas económicas que se adopten, se concreten a la brevedad.