Garantías Explícitas de Equidad Territorial

Iván Borcoski

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Poco a poco se ha ido instalando la convicción de que la desigualdad es económica, social y además territorial. Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos que las desigualdades son también territoriales?

El espacio geográfico es heterogéneo, y nuestro país es un ejemplo de ello, por lo tanto, podríamos señalar que por razones naturales el territorio es dispar. Sin embargo, si entendemos el territorio como el espacio geográfico histórica y socialmente construido, debemos buscar en la historia y en la economía las razones de las disparidades espaciales, teniendo en cuenta evidentemente las condiciones naturales, sin caer en tendencias deterministas.

La relación del campo y la ciudad, la división territorial del trabajo, la acumulación de fuerzas productivas en concentración urbanas, las diferencias geográficas en el valor de la fuerza de trabajo e incluso en el funcionamiento de la ley del valor, la importancia de reducir los obstáculos espaciales mediante innovaciones en los transportes, las comunicaciones y las Tics, son ejemplo de lo señalado anteriormente.

El sistema regional implementado en 1975, fue parte de una intervención estatal ordenada por organismos internacionales y tuvo como principal objetivo abandonar aquellas formas de articulación entre Estado, sociedad y mercado, representadas por el modelo del Estado de bienestar, reemplazándolo por el Estado Subsidiario y lo cierto es que la concentración social y espacial del capital incrementado a partir de esos años, ha generado una desigual distribución territorial del crecimiento económico y sus beneficios, un desigual acceso y desarrollo del conocimiento científico, la educación y la salud en todos sus niveles, por nombrar algunos servicios que, según acceso por parte de la población, se encuentran diferenciados espacialmente.

Esto es lo que vemos todos los días, donde encontramos comunas a nivel de ciudades europeas y subdesarrollo en otras,  y a no más de 10 kilómetros de distancia.

Ahora bien, una situación que explica las desigualdades territoriales, es el carácter concursable de muchos de los fondos de inversión y otra, el carácter estructuralmente desigual del financiamiento municipal, a pesar de la ecualización del Fondo Común Municipal

Por otra parte, es sabido que hay una desigual dotación de recursos profesionales en los municipios, lo que impacta en la capacidad de obtener recomendaciones técnicas para conseguir financiamiento para ejecución de proyectos.

Esto indudablemente se traduce en un desigual equipamiento de infraestructura de las diversas comunas puesto que, al no contar con fondos propios, dependen de los fondos regionales para poder realizar obras para sus comunidades.

En camino a una nueva constitución, consideramos que el Estado debe ejercer sus capacidades de fomentar el desarrollo económico, así como su rol de distribución de la riqueza, de corrector de inequidades y de protección social,  con igual intensidad en todo Chile.

Con esto, sostenemos la necesidad de generar “Garantías Explícitas de Equidad Territorial”; esto es atender la responsabilidad que le corresponde al Estado de garantizar constitucionalmente los derechos económicos, sociales y culturales no importando el lugar donde se nace o habita.

Consideramos que  una Nueva Constitución debe basarse en los fundamentos  de un “Estado democrático y social de derecho” que se erija sobre la base de un Estado Solidario. Estos fundamentos deben tener una expresión territorial. Y tal como hace poco más de una década se establecieron las “GES” o garantías explícitas en salud, debemos avanzar en las “Garantías Explicitas de Equidad Territorial”, GEET, un símil del plan AUGE de Salud, pero aplicado con base y perspectiva de equidad local y regional.

En definitiva, debemos trabajar en un esfuerzo sostenido para construir entre todos y todas un país justo y solidario, incorporando un enfoque territorial garantizado de derechos.