Inauguración simbólica y desafío para todos

En presencia de ministros, el intendente de la región Metropolitana y un grupo representativo de alcaldes, la presidenta Michelle Bachelet inauguró en San Joaquín el Programa de Seguridad Ciudadana de la Subsecretaría de Prevención del Delito, para 74 municipios. Es la primera vez que un gobierno chileno inicia un programa de prevención de la criminalidad que constituye una doble innovación: dar a la prevención la importancia que merece y descentralizarla a nivel de municipios.

El lugar de la inauguración es simbólico, San Joaquín, donde el énfasis en la prevención dirigida a barrios críticos ha sido una política permanentemente desarrollada por el alcalde en colaboración con los gobiernos.

Esta iniciativa coherente con el programa de la Nueva Mayoría, que involucrará este año a 19 municipios y en los dos años sucesivos al resto de las 74 comunas beneficiadas, empieza a llenar uno de los mayores vacíos de la política de seguridad del país: la ausencia de una política preventiva de gran escala.

El programa capitaliza las lecciones de los intentos de contención de la delincuencia y la violencia que en los últimos diez años, se han promovido en Chile.De hecho el país ha aprendido en este período de sus errores y ensayos.

La primera lección aprendida es que no se puede realizar un programa de prevención sin que las autoridades locales se apropien de ello. Un gobierno central puede generar políticas preventivas, financiarlas, monitorearlas pero no implementarlas porque solo quién conoce y puede modificar el tejido social local está en condición de hacerlo.

Ejemplos notables que hoy logran “exportar” internacionalmente prácticas de prevención, como es el caso de Peñalolén, ilustran esta evidencia. Lo que significa también que las políticas de prevención van a tener características y ritmos distintos según las comunas. El respeto de estas diferencias es condición de éxito.

La segunda lección es que sin equipos técnicos municipales competentes, es decir, en formación permanente, no se desarrolla eficazmente ni se consolida una política de prevención. Los municipios exitosos en los países de la región tienen entre 20 y 60 agentes de planta o financiados por proyectos. Ellos cubren múltiples aspectos de la prevención y son capaces de adaptar programas a su realidad social.

Hoy la principal tarea es formar a estos agentes y facilitarles el intercambio de experiencias. El presupuesto actual de la subsecretaría a cargo permite cumplir con esta exigencia.

La tercera lección es que hay que involucrar a todos los actores locales relevantes en la coproducción de seguridad: el conjunto de departamentos interesados de los municipios, pero también escuelas, iglesias, empresarios, líderes vecinales, comerciantes, asociaciones locales, policías, grupos juveniles, medios de comunicación, etc.

Hay que hacer alianzas y lograr consensos. La sola focalización no basta, se requiere de acuerdos que permitan generar una cultura de la prevención para cambiar progresivamente la calidad de vida de los habitantes y contribuir a la cohesión social.

La cuarta lección es que hay que dejar tiempo al tiempo, como lo demuestran las experiencias internacionales.Los cambios y la adquisición de una cultura de la prevención y la disminución significativa de las tasas de delincuencia no se dan en pocos meses.

Hay una fase de aprendizaje, que dura varios años, que permite a los actores locales apropiarse de los instrumentos de la prevención y de desarrollar habilidades antes que se consolide una cultura.

Por ende, hay que asegurar la continuidad de estas prácticas que son políticas de Estado y no de gobierno y disponer de instrumentos que permitan monitorear, evaluar y corregir los inevitables errores. Si la Reforma Procesal Penal se instaló en 8 años como política de Estado, no hay razón para creer que una política de prevención pionera a escala nacional demore menos en consolidarse.

La inauguración en San Joaquín debe marcar una fecha histórica: el inicio de la vía chilena de la prevención. Esta rompe con la tradición del énfasis exclusivo en el control social y la disuasión. También reconoce la complejidad de la construcción de la seguridad ysu necesaria descentralización.

El gobierno ha asumido esta nueva política como una gran tarea de Estado en la cual municipios, actores locales, medios de comunicación, academia, empresarios, iglesias son llamados a asumir un rol activo.