La gratuidad no cayó del cielo
La gratuidad en la Educación Superior volvió al centro del debate público en los primeros días del nuevo gobierno. No como un debate sobre su futuro, sino a propósito de anuncios que plantean restringir la gratuidad y reforzar el cobro de las deudas del CAE como parte de un ajuste fiscal para financiar otras prioridades. Detrás de esa lógica hay una discusión más profunda: si el acceso a la Educación Superior es un derecho sobre el cual nuestro país debe seguir avanzando, o si vuelve a depender, como ocurrió durante décadas en Chile, de la capacidad de endeudamiento de las familias.
Esta discusión no es abstracta. Tiene consecuencias directas para miles de hogares. Cuando se restringe la gratuidad y se endurece el cobro de las deudas educativas, lo que vuelve a ponerse sobre la mesa es quién termina pagando el costo de estudiar.
Conviene recordar algo que a veces queda fuera del debate público: la gratuidad no apareció de la nada ni fue una decisión improvisada de un gobierno. Es el resultado de décadas de debate social, movilización y presión política para cambiar un sistema que durante años descansó sobre el endeudamiento de las familias.
Durante mucho tiempo estudiar en la educación superior significó exactamente eso: endeudarse. Primero con créditos universitarios y luego con el Crédito con Aval del Estado, que incorporó a la banca al financiamiento de la educación. Para miles de jóvenes y sus familias esa fue la única alternativa posible para acceder a la universidad o a la formación técnica. Muchos de quienes fuimos los primeros profesionales de nuestras familias conocemos bien esa historia.
El malestar que generó ese modelo se acumuló durante años, hasta que un amplio movimiento social logró instalar en el centro del debate la pregunta de si la educación superior debía seguir funcionando como un bien de mercado o si debía ser reconocida como un derecho.
Las movilizaciones estudiantiles y sociales que marcaron ese proceso cuestionaron el rol del Estado y las desigualdades que el sistema educativo reproducía. Ese proceso también me tocó vivirlo desde otro lugar, como profesora y dirigente del magisterio, siendo parte de un momento en que las demandas por una educación más justa comenzaron a transformarse en una discusión país.
De ese largo recorrido surgió la decisión política de avanzar hacia la gratuidad.
Ese cambio permitió que cientos de miles de jóvenes pudieran estudiar sin cargar con deudas por décadas. Para muchas familias trabajadoras significó algo muy concreto: que por primera vez el acceso a la educación superior no dependía exclusivamente de su bolsillo.
Por eso el debate actual no es menor. Restringir la gratuidad y reforzar el cobro de las deudas educativas implica volver a poner sobre las familias una carga que el país decidió comenzar a cambiar hace cerca de una década. La historia de la gratuidad muestra algo que conviene recordar: los derechos no caen del cielo. Se construyen con movilización social, debate democrático y decisiones políticas que muchas veces tardan años en abrirse camino.
Cuando se pierde la memoria de cómo se conquistaron esos derechos, se vuelve más fácil relativizarlos o restringirlos. Recordar este proceso es necesario para defender un cambio que abrió el acceso a la educación superior con criterios más justos para miles de jóvenes y sus familias, y que también ha contribuido a cambiar la cara del país.
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