De Estado protector a Estado paternalista
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, en su visita el pasado sábado a los damnificados del incendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, hizo un gran anuncio, en el que señala que se eliminarán las inhabilidades por las que algunos pobladores no podían acceder al subsidio. Textualmente dijo: "Estas inhabilidades eran porque teníamos una familia que, con su esfuerzo de toda una vida, compró otra vivienda para tener un ahorro para la vejez, clase media, y quedó inhabilitada". Este planteamiento, que supongo viene con la anuencia del presidente José Antonio Kast, parece de mucha gravedad.
Hace unos días escribí una columna en este mismo medio, donde señalaba la necesidad de que el Estado propicie la toma de seguros para cada propiedad de parte de sus propietarios y no estar sujeto a que éste deba responde frente a incendios, anegamientos por temporal o terremotos, como también cualquier otra catástrofe, por ser fenómenos muy frecuente en nuestro país.
La razón: al Estado le sale más barato subsidiar estos seguros para quienes no pueden contratarlo, que estar después resolviendo el problema de los que podían tener seguros y no actuaron con responsabilidad frente a su bien. Así el Estado solo debe responder por las viviendas en toma porque para ellos no hay seguros y es además una responsabilidad del mismo estado que permite que se construyan.
El tema ahora se agrava con esta acción del Gobierno. Primero: el Estado solo resguarda la primera vivienda de sectores carenciados. La mayoría de los instrumentos de emergencia (vivienda de emergencia, subsidios de reconstrucción, etc.) se dirigen a hogares que perdieron su residencia habitual. Por ejemplo, el beneficio de vivienda de emergencia se asigna cuando la familia pierde su única residencia, determinada mediante la evaluación oficial (FIBE) tras el desastre.
Es cierto, se han dado algunas excepciones que han financiado una segunda vivienda para personas adultas mayores o discapacitados. Sin embargo, esta excepción no puede hacer la regla, porque si hubo capacidad para construir también hay para pagar un seguro por ella. Además, en algunos casos rentan con esa propiedad, pero no sacan seguro y esperan que el Estado se las asegure. Al igual como señalé en la columna anterior, necesitamos blindar al estado de los muchos abusos existentes.
Segundo. El señor Poduje afirmó incluso que eran de "clase media", la misma que representa en el país aproximadamente entre 60% y 70% de la población, según diversas mediciones basadas en datos de la Casen 2022. Un sector sumamente amplio que tiene capacidad para adquirir un seguro para su propiedad como lo hace con su automovil.
Tercero. El Estado no está para resguardar los ahorros personales. No es una gran compañía de seguros de toda la población. Cada persona es responsable frente a sus bienes y si este es importante para resguardar su futuro, con mayor razón debe ser asegurado.
Ahora sorprende que un gobierno que señala que hay gran carencia de recursos y que solicita a los ministerios reducir en 3% sus presupuestos y disminuir la gratuidad universitaria, esté definiendo la segunda vivienda como prioridad de reconstrucción.
Además, no se entiende que lo haga un gobierno cuya vición exalta los derechos y obligaciones individuales frente al socorro del estado. Podría entenderse más frente a un gobierno de la oposición, que fue la misma que en su momento no les quiso abrir esta puerta.
Sinceramente parece incomprensible. ¿Se está haciendo una buena jerarquización de las urgencias o estamos frente a un nuevo gobierno de corte populista?
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