La comuna de Pudahuel ha estado movilizada desde el 18 de octubre, en torno a demandas que, en su mayoría, exceden el ámbito de competencias del nivel local: pensiones dignas, acceso oportuno a la salud y educación de calidad.
Ha habido marchas pacíficas, cabildos, actos culturales y más de 27 mil personas participaron en la Consulta Comunal del 15 de diciembre, de las cuales un 97,7 por ciento se manifestó a favor de una nueva Constitución.
Desde el estallido social, hemos condenado la violencia en todas sus formas; la destrucción de las estaciones de Metro que son esenciales para quienes vivimos lejos del centro; el saqueo de supermercados que abastecen de manera fundamental a los vecinos y vecinas; los ataques a las comisarías. Como expresión práctica de nuestra condena a la violencia, hemos generado un sistema de acompañamiento a víctimas pudahuelinas que han visto vulnerados sus derechos humanos por excesos policiales.
Antes del estallido social pedíamos más Carabineros, ya que los nuestros se ven a ratos sobrepasados por la delincuencia y el narcotráfico. En los días pasados, lo que tuvimos fueron carabineros de Fuerzas Especiales que, sin conocer la comuna, sus barrios y sus habitantes, aplicaron una represión indiscriminada y desmedida, no sobre violentistas, sino, sobre barrios completos. Ese fue el hecho que denunciamos.
El problema es que, a legítimas demandas de una ciudadanía cansada, frustrada, que demanda con justicia más dignidad, más certezas, la posibilidad de llegar a fin de mes, o el derecho a no vivir asustado de una posible enfermedad o una eventual pérdida del empleo; que no quiere vivir con miedo a envejecer, se opone una falta de capacidad de diálogo, una baja empatía, soluciones parche que no resuelven los temas de fondo y una represión excesiva.
Hemos insistido en que la reducción de la violencia en este conflicto social exige un accionar policial inteligente, con respeto a los protocolos y a la integridad física y psicológica de las personas. Cuando esto no ocurre, se producen reacciones violentas.
El ministerio del Interior tiene la responsabilidad política en esta materia. Y el momento actual exige autoridades que escuchen, que sean dialogantes, que tengan algún grado de sensibilidad frente a personas con las que pueden perfectamente no estar de acuerdo, pero que no pueden ignorar.
En Pudahuel Sur, una vez que la autoridad atendió a nuestro llamado al diálogo, cuando finalmente concurrieron a la comuna el Intendente Felipe Guevara y el general Enrique Bassaletti, les logramos explicar la situación y nuestro reclamo, con lo cual dieron las instrucciones pertinentes para no exponer a los vecinos a violencia institucional.
Resulta fundamental que el Gobierno avance en un diálogo más efectivo con la ciudadanía y sus representantes. Las personas tienen muy claros los problemas que los aquejan y, desde el 18 de octubre, exigen una vida más digna.
En Pudahuel, al elegir 3 prioridades en la Consulta Comunal, el 64 por ciento de los votantes marcó su opción de terminar con el actual sistema de AFPs, reemplazándolo por por un sistema de seguridad social solidario y, casi empatadas, con cerca de 55 por ciento, salud y educación como derechos garantizados, con acceso gratuito a servicios públicos de calidad.
Si las legítimas demandas de los chilenos no son genuinamente escuchadas, si en vez del diálogo sólo se encuentra represión, si en vez de soluciones, sólo amenazas o restricción de derechos, difícilmente podremos aislar la violencia de nuestra vida cotidiana.
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