Seguridad pública como un derecho social
¡Y los 90 días terminaron! Con expectación quienes tenemos la convicción de que vivir en paz es un derecho, hemos esperado los resultados de la Comisión de Seguridad conformada por el Presidente Sebastián Piñera. Según información publicada por distintos medios de comunicación, existiría un amplio consenso y un reconocimiento transversal al fracaso de la política pública en seguridad ciudadana en nuestro país.
Es dable reconocer este titular, que se genera entrelíneas, extraído desde las propuestas generadas como el cambio en la dependencia de la Agencia Nacional de Inteligencia a manos del Presidente de la República (como parece ser la tendencia mundial), el piloto que excluye a Carabineros de la función investigativa o el mayor rol que tomarían las municipalidades.
No obstante, son insuficientes en la medida que no lograrían promover cambios institucionales que requieren modificaciones constitucionales sustantivas, reconociendo la seguridad pública como un derecho social.
El derecho a la seguridad pasa de ser de carácter individual a uno colectivo, siendo una obligación fundamental del Estado. La seguridad pública ejerce la función de custodia del orden y la paz pública, ejecuta el principal objetivo de los Estados modernos: la conservación del Estado de Derecho.
Su función es del todo compleja al buscar armonizar la paz y el orden, pero sin afectar los derechos y las libertades de los vecinos y vecinas. El reto principal de las instituciones encargadas de la seguridad pública, es lograr un equilibrio entre la coerción y los derechos fundamentales.
En tanto, la primera propuesta del borrador establece poner en práctica un modelo donde carabineros definitivamente abandone las labores investigativas, centrándose solo en lo preventivo, y que sea la PDI la entidad policial encargada de las indagatorias: esto claramente es un contrasentido con el objeto de hacer frente a los delitos de alta connotación social como el tráfico, homicidios o violencia contra las mujeres.
Carabineros ha desarrollado experticia en materias investigativas que sería un error desechar tanto por su nivel de cobertura como por la necesidad imperiosa de investigar delitos menores que no distraigan la atención de lo más complejo a la Policía de Investigaciones.
Además, se propone el fortalecimiento del rol de los municipios, otorgándoles mayores facultades en la prevención del delito, lo cual contaría con dar mayor potestad en materia de vigilancia a la seguridad municipal.
Esto requiere terminar con la caricatura que una policía municipal vendría a feudalizar las relaciones y clientetizar a la ciudadanía. Nuestro país sabe de esta política pública, recién en 1927 Ibáñez del Campo unifica los distintos cuerpos policiales disolviendo las policías comunales en nuestro país. Como hemos señalado, esta intervención sólo fue posible por estar bajo una dictadura.
En cambio, lo que estamos haciendo en Cerro Navia es devolver el poder a los ciudadanos en materia de seguridad, avanzar en garantizarla como un Derecho social. Para eso, se requiere un férreo control, funciones claras y coordinación fina con las policías.
Pensar que será propiedad del alcalde de turno, sería pensar que la Dirección de Finanzas dejaría de recaudar patentes, que la Dirección de Obras dejaría de hacer valer la Ley General de Urbanismo y Construcción por petición de la voluntad alcaldicia, esto es imposible.
Por tanto, se requiere de un robusto cuerpo jurídico que le de vida y permita que esta propuesta se conforme en una política pública de envergadura. Esta es una medida requerida por los propios vecinos y vamos a concentrar la presencia de la policía municipal en aquellos sectores, poblaciones y horarios definidos desde el espacio local. En caso de ser una política errada, será evaluada con severidad por la población.
Siguiendo esta línea, basta con observar la experiencia internacional donde la descentralización en la toma de decisiones vinculadas a acciones de seguridad es uno de los factores claves.
Casi todos los países europeos con policía municipal conviven en perfecta armonía con los otros órganos de seguridad del Estado, como es el caso español con la Policía Nacional, Regional y Municipal.
También llama la atención la Policía de Londres, enfocada a fraudes y terrorismo, es decir, reconociendo las particularidades y generando respuestas específicas. No se trata de suplantar funciones, sino de coordinar esfuerzos y acciones preventivas.
La desigualdad y la exclusión social encierran causas fundantes del delito. Mientras se intervienen los elementos estructurales como son educación y trabajo, la sociedad en su conjunto debe buscar soluciones comunitarias que permitan generar poblaciones seguras en base a la paz y la convivencia social, eso estamos haciendo en Cerro Navia.
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