Un mal "paso" cuesta vidas y multiplica el contagio

Johnny Carrasco

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Muchos vecinos y vecinas de Pudahuel ven una pequeña luz en el horizonte con la posibilidad de retirar un 10 por ciento de sus fondos previsionales para enfrentar la contingencia. En la mayoría de los casos, producto de bajos salarios o lagunas en sus imposiciones por cesantía o empleadores que no las pagan, ese 10 por ciento es un monto que sólo resolverá alguna de las múltiples urgencias del momento. Y las familias lo necesitan.

El efecto económico de la pandemia Covid-19 en sectores económicos vulnerables y de la clase media ha sido devastador, ampliando a más sectores una precariedad a niveles insostenibles que los alcaldes hemos denunciado desde antes de la emergencia sanitaria y antes del 18 de octubre: condiciones indignas de vida que no se resuelven con la caja de alimentos que entregan los municipios ni la pensión básica solidaria que a nosotros nos corresponde informar.

Las decisiones tardías y mal implementadas del Gobierno en materia de protección social durante esta catástrofe nos ha obligado a dar la cara a una ciudadanía cada vez más indignada por la falta de consistencia entre los anuncios del Presidente Piñera y sus ministros, versus la realidad que enfrentamos.

Bonos que no llegan, créditos a los que no se puede acceder, letra chica que se suma a la de los cobros de empresas de servicios básicos, el alza de precios de servicios básicos y el conjunto de injusticias y abusos con las que están viviendo los chilenos hoy.

Los alcaldes fuimos claros en solicitar una Renta Básica de Emergencia universal, sin burocracia, para todos. Es cierto que le podía llegar a quienes no lo necesitaban, pero considerábamos que lo más importante era asegurar que no  quedara fuera nadie que necesitaba el apoyo del Estado.

El Gobierno no escuchó y hoy son cientos los casos dramáticos en los que personas en verdadera necesidad denuncian que no han tenido acceso a ninguno de los beneficios comprometidos.

Los alcaldes explicamos que no depende de nosotros, pero al ser los más cercanos a las personas, recibimos igual la justa indignación ciudadana por malas políticas, mal implementadas y decididas a destiempo.

Si bien esta aguda crisis surge del Covid 19, su origen es anterior: la profunda inequidad, la necesidad de un mejor sistema de protección social, la necesidad de más Estado y más poder a los gobiernos locales es el caldo de cultivo en el que el virus proliferó.

Porque nosotros sí conocemos la realidad del hacinamiento y la movilidad entre comunas de la Región Metropolitana, pedimos cuarentena para la comuna desde el día 1, para que nuestros vecinos y vecinas no se contagiaran.

Fuimos de las últimas comunas de la Región Metropolitana en entrar en cuarentena y el manejo sanitario y las bajas tasas de contagio y fallecimientos de Pudahuel sólo ha sido posible gracias a un tremendo esfuerzo de la Atención Primaria municipal, que ha contado con todo el apoyo de nuestro Concejo, y un compromiso mayoritario de los pudahuelinos y pudahuelinas.

Pero ahora, estamos ad portas de un nuevo error. Un desconfinamiento selectivo, que pone en movimiento a las comunas de la zona oriente, como si no hubiese un permanente traslado de las personas dentro de la ciudad, comprobado y pagado con vidas por habitantes de otros sectores.

A estas alturas, ya que el Gobierno no escucha, no entiende y no manifiesta ningún interés por cambiar de actitud, sólo alzamos la voz por convicción y para dejar constancia.

Santiago debe ser entendido como un todo. El sistema de transporte público no permite sostener distancias seguras. Estamos arriesgando rebrotes de Covid 19, sin tiempo de recuperarnos de la ola anterior.

Lo han repetido hasta hacerlo sonar razonable, “si al avanzar un paso nos damos cuenta que nos equivocamos, retrocederemos un paso”. Pero no es razonable, menos aún viniendo de una autoridad sanitaria que sabe a cabalidad que la estadística esconde realidades y que la trazabilidad que las Seremis perdieron no se ha logrado recuperar en la Atención Primaria.

En este caso, un paso mal dado cuesta vidas y causa enfermedad. Y volver a retroceder un paso costará más empleos, más ingresos, causará más pobreza y más hambre.

Y el 10 por ciento de las AFPs es un parche indispensable pero transitorio para nuestros vecinos y vecinas, como lo son las cajas de alimentos y la escasa cobertura efectiva de los otros beneficios implementados por el Gobierno.

Ya hemos perdido toda esperanza de que este Gobierno escuche, o que ante las consecuencias de sus errores manifiestos, rectifique. Pero la responsabilidad política y un mínimo de sensibilidad nos obliga a reiterar, que se debe avanzar cuando sea seguro y, en el intertanto, asegurar a todas las familias los ingresos necesarios para vivir dignamente.