Bachelet tiene que estar feliz con la Contraloría

Todo sabemos que la primera mandataria está sumamente fastidiada con la retahíla de prácticas deshonestas en las que han caído innumerables políticos de todos los partidos y otros tantos actores empresariales. Afortunadamente el Ministerio Público, con fiscales comprometidos con la verdad para escudriñar los delitos de cuello y corbata, está haciendo “bien la pega”, lo que debe tranquilizar a la ciudadanía.

Pero pensando en lo que viene el Consejo Asesor Presidencial liderado por Eduardo Engel ha elaborado un interesante documento que intenta hacer más difícil los malos manejos dentro del sistema de la economía de libre mercado existente. La colusión en el año 2004 dejó de ser delito, pero el Congreso Nacional se pondrá a la altura legislando para que esa repugnante asociación mercantil sea penada.

Ahora bien, en este medio y en otros digitales, nos hemos referido con acopio de antecedentes a la burlesca manera que algunos influyentes y, por lo tanto importantes actores del mercado inmobiliario, se las han arreglado para que los funcionarios del Estado -municipios y ministerio sectorial-  que tienen competencia en las materias de Vivienda y Urbanismo, no hayan ejercido sus atribuciones para declarar la caducidad de los permisos de edificación en los plazos perentorios  -3 años- contenidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

En Chile ha existido, cuando las normas de edificación de los Planes Reguladores Comunales (PRC) se han transformado en más restrictivas, la oportunista y lucrativa industria de comprar este tipo de permisos no vigentes para así aprovechar las permisivas normas ya derogadas por el imperio de la ley. Pero en el último tiempo, a raíz de denuncias formuladas por grupos ciudadanos informados ante la Contraloría General de la República, esa viciada forma de emprender negocios con “padrinos” en el aparato del Estado, se ha terminado porque la Contraloría ha dicho basta en tres millonarios casos determinados que sucintamente damos a conocer .

1.- Las sociedades anónimas Cencosud, Ripley y Parque Arauco, son dueñas en partes iguales  de la Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A., la que en el año 2012 le compró a la Sociedad Comercial de Tiendas Limitada un extenso terreno en la calle 14 Norte de Viña del Mar, incluyendo un permiso de edificación cursado a esta última en el año 2000, como vemos 15 años atrás, con normas urbanísticas sumamente excedidas. Las faenas se iniciaron a fines del 2013 y a esta fecha, según lo dicen algunos medios de prensa, la construcción ha alcanzado el 80% de lo proyectado.

En diciembre de 2014 la Contraloría acogió la acusación de los vecinos del sector, en términos de que el proceso administrativo era ilegal debido a que ciertas ampliaciones de los plazos del permiso, decididos alegremente por funcionarios de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la V Región, eran incorrectos, razón por la cual quedó en evidencia que el Director de Obras de Viña del Mar debía declarar la caducidad del antiguo permiso, paralizando las faenas de la construcción.

Pero la municipalidad y la inmobiliaria, unidos y renuentes a ceñirse a la ley, sibilinamente argumentaron que no podían entender el dictamen del ente fiscalizador y por ello le solicitaron uno nuevo. La Contraloría, con paciencia oriental, emitió el 22 de mayo de 2015 un contundente dictamen en el cual confirma en todos sus puntos el anterior.

Ante esta reiteración, la alcaldesa Reginato se vio en la obligación de instruir a su subordinado Director de Obras para que declarara la caducidad del permiso y paralizara las faenas, lo que finalmente sucedió hace pocos días. 

2.- A fines del año 1999 la Dirección de Obras de Las Condes cursó un anteproyecto a nombre de la empresa Interpetrol S.A. y enseguida, año 2000, la homónima  de Vitacura le cursa un permiso de edificación al mismo titular con las iguales y desorbitadas características del acto anterior. Se trataba de un megaproyecto, mall, sobre un terreno de un poco más de 2 hectáreas en la Avenida Kennedy Nº 8950 de esa selecta comuna, la misma cuyos residentes tienen tendencia a meter ruido con las cacerolas. Enseguida en el año 2005 se aprueba una modificación al proyecto, pero  ¡era qué no! manteniéndose las exageradas normas concebidas en la Municipalidad de Las Condes.

Entre ambas fechas, se fijaron las razonables y más restrictivas normas en el PRC de Vitacura, las que naturalmente no afectaron al permisito de marras, ya que todo estaba calculado para mantenerlo vigente gracias a los “buenos oficios” de un sagaz arquitecto que se desempeñaba como gurú de los distintos ministros de Vivienda y Urbanismo. En febrero de 2010 Interpetrol S.A. le vende a Carlos Celle, dueño de esa empresa, el terreno con su venerado permiso y en abril del mismo año, es decir, 2 meses después, quien compra en un subido precio todo el paquete es Cencosud del conocido experto en retail Horst Paulmann, creyendo que tan magníficas normas se iban a mantener hasta que él iniciara las obras.

Se hicieron las denuncias de rigor y la Contraloría, en el oficio Nº 51158 del 25 de junio de 2015, el que tiene fuerza obligatoria para los servicios públicos que ella fiscaliza, determinó que el permiso estaba caducado, agregando que la pretensión de Cencosud, en cuanto a que habría actuado de buena fe y que tendría supuestos derechos adquiridos, no eran válidos en sede administrativa. Sí estableció que Cencosud podía recurrir a otras instancias competentes, en este caso los tribunales de justicia.

Si se llega a este escenario, recordemos que serán los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE) quienes alegarán procurando el imperio del oficio de la Contraloría. En nuestra opinión, Cencosud no debería perder el tiempo y dinero interponiendo acciones judiciales porque los jueces fallarán en derecho, es decir, confirmando el dictamen de la Contraloría y por ello sostenemos que lo más sano para Paulmann es solicitar un nuevo permiso en Vitacura para construir lo que el PRC admite, luego un mall a escala más reducida

3.- En el mismo dictamen Nº 51158, la Contraloría no aceptó las rogativas de la Inmobiliaria El Ulmo S.A., de la Agrícola e Inmobiliaria Altoriente S.A. y de la Inmobiliaria Alto Portezuelo SpA, las que intentaban mantener vigente el permiso Nº 192 del año 1995, de 20 años atrás (?), para construir varios edificios en altura sobre la Av. Santa Teresita Nº 9.100, cerro isla Alvarado, el que alguna vez fue área verde.

Posiblemente sus titulares creían que en pedir no hay engaño y lo más seguro es que los tres  actores inmobiliarios tenían la memoria frágil al desconocer el dictamen Nº 38.824 del año 2006 de la Contraloría , el que ya se había referido a ciertas ilegalidades de ese mismo permiso.

Como vemos, la Contraloría está ejerciendo su rol de manera impecable, motivo por el cual, tal como está dicho en el título de esta columna, la presidenta Bachelet debe estar orgullosa de ese servicio público de excelencia.