Coescrita con María Luisa Méndez, académica IEUT-UC y directora del COES
La política urbana en Chile no puede seguir reducida a ladrillos y planos. La verdadera medida de su éxito está en la capacidad de los barrios y localidades para generar confianza, pertenencia y vínculos que sostengan la vida en común. La cohesión social, entendida como el conjunto de relaciones, valores, actitudes e instituciones que mantienen unida a una sociedad, es el cimiento que permite que las ciudades sean más justas y habitables.
Con esa premisa, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) impulsan siete estudios aplicados en tres líneas temáticas -comunidad, participación ciudadana y territorios- orientados a fortalecer la cohesión social en los programas habitacionales y urbanos. Se trata de un esfuerzo simultáneo en distintos frentes, que aborda tanto la gestión en grandes ciudades como la realidad de comunidades rurales dispersas.
Los trabajos abarcan desde la incorporación del enfoque de género en los programas del Minvu hasta la definición de directrices para los Planes Urbanos Habitacionales y la construcción de tipologías para el Programa de Recuperación de Barrios, de larga trayectoria en el país. También se desarrollan instrumentos de gestión para las pequeñas localidades -ya presentes en cientos de comunidades rurales- y se estudia la percepción de inseguridad en conjuntos en proceso de regeneración, un problema que preocupa crecientemente a la ciudadanía.
Estos estudios muestran que no basta con responder a déficits materiales. La confianza es el recurso más escaso y valioso en la vida colectiva. No se decreta ni se impone: se construye en la experiencia cotidiana, cuando las personas comprueban que las instituciones cumplen su palabra, que los vecinos se cuidan mutuamente y que los acuerdos colectivos tienen sentido. Desde una perspectiva urbana, la confianza actúa como un lazo invisible que reduce la incertidumbre y hace posible la cooperación. Significa confiar en que los espacios compartidos pueden cuidarse en común, en que las reglas son claras y en que las decisiones colectivas se sostienen en el tiempo.
Por eso, lo decisivo es cómo se diseñan e implementan políticas que reconozcan la diversidad territorial, faciliten la labor de los equipos en terreno y fortalezcan los lazos comunitarios. En un país donde la inseguridad y la fragmentación social marcan el debate público, este enfoque resulta más urgente que nunca.
Desde el ministerio, fortalecer este proceso es una tarea prioritaria. Los programas urbanos se consolidan cuando la entrega de proyectos de vivienda se acompaña con planes de gestión social que promueven la comunidad entre los residentes, cuando se impulsan procesos participativos que integran a la ciudadanía en la elaboración de planes urbanos, o cuando se incorpora la perspectiva de género y la voz de las mujeres en el desarrollo de las políticas de vivienda y ciudad.
Porque si la ciudad no logra generar confianza y cohesión social, ningún programa habitacional cumplirá su promesa de desarrollo. Sin confianza, las inversiones urbanas pierden legitimidad y las comunidades se fragmentan. Con confianza, incluso las intervenciones más modestas pueden transformarse en proyectos de futuro compartido. Fortalecer la confianza no es solo una tarea ética: es una estrategia de gobernanza urbana capaz de sostener acuerdos, prevenir conflictos y ampliar la participación ciudadana. Ese es, en definitiva, el verdadero desafío de la política urbana en Chile.
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