Yo cuido, yo estudio: cuando por fin la educación reconoce el trabajo invisible

Coescrita con Camila Rojas y Carolina Tello, diputadas del Frente Amplio

En Chile estudiar ha sido históricamente un privilegio reservado para quienes pueden dedicar tiempo a lo académico, sin cargar con responsabilidades adicionales. Pero esa no es la realidad de miles de estudiantes -en su mayoría mujeres- que todos los días equilibran controles médicos, enfermedades de hijos pequeños, labores de cuidado de personas mayores o con discapacidad, con pruebas, clases y exigencias académicas inamovibles. A ellas y ellos, el sistema sencillamente les dio la espalda durante décadas.

Por eso nuestro proyecto de ley "Yo Cuido, Yo Estudio" marca un punto de inflexión. No solo porque reconoce la existencia de estudiantes cuidadores en la educación superior; sino porque, por primera vez, el Estado y las instituciones educativas asumen que la corresponsabilidad no puede ser un discurso vacío, sino un derecho exigible. Esta ley responde a una desigualdad estructural: el trabajo no remunerado de cuidados, que afecta especialmente a las mujeres y que suele traducirse en abandono de estudios, trayectorias fragmentadas y menos autonomía económica.

Lo notable es que el proyecto llega a su tercer y último trámite con una tramitación ejemplar: apoyo unánime en Cámara y Senado, indicaciones acordadas con el Ejecutivo y sin fisuras políticas significativas. En un país acostumbrado a que las agendas de género se transformen en trincheras, este consenso no es casual: las cifras del retroceso laboral de las mujeres tras la pandemia -una década perdida- hablan más fuerte que cualquier ideología.

La ley obliga a las instituciones de educación superior a crear normas internas que contemplen flexibilización académica real: prioridad en inscripción de ramos, calendarios especiales, reprogramación de evaluaciones, justificación de inasistencias por controles médicos o enfermedades de quienes dependen de la o el estudiante. Incluso se abre la puerta a sistemas de cuidado dentro de las propias instituciones. No es caridad: es reconocer que el derecho a estudiar debe ser compatible con el derecho a cuidar.

Por supuesto, habrá quienes digan que esto significa "relajar exigencias" o "bajar la calidad". Pero la evidencia demuestra lo contrario: cuando se flexibiliza con criterios académicos, las trayectorias se fortalecen. La calidad no se resiente porque una estudiante pueda reprogramar una prueba cuando su hijo tiene fiebre; al contrario, se fortalece porque no se expulsa simbólica ni materialmente a quienes sostienen la vida cotidiana.

Este proyecto no soluciona todos los problemas del sistema de cuidados, pero inaugura un camino que Chile debe profundizar: la educación superior como aliada y no como obstáculo. Aprobando las modificaciones del Senado y despachando esta ley, el Congreso envía una señal clara: estudiar y cuidar no deben ser opciones excluyentes, y el país avanza cuando reconoce a quienes históricamente han cargado con lo invisible.

La pregunta ahora no es si esta ley es necesaria -eso ya fue respondido con unanimidad-, sino si estaremos a la altura de implementarla con convicción. Porque el cuidado no puede seguir siendo la razón por la que tantas mujeres quedan atrás. Es hora de que Chile, por fin, camine al ritmo de quienes sostienen su cotidiano.

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